Wikileaks y la transparencia energética
Las filtraciones de Wikileaks que están sacudiendo a la opinión pública mundial también hablan de energía y no, en este caso, para contar cotilleos sino para mostrar la inseguridad que rodea la geopolítica del gas, del petróleo y de la energía nuclear. Los negocios del gas que tanto perjudican a la seguridad europea, el descontrol en torno a la energía nuclear y la búsqueda de uranio, las cifras infladas del petróleo, los riesgos en torno a oleoductos y rutas de abastecimiento, el desastre de la cumbre de Copenhague sobre cambio climático, son algunas de las revelaciones de estos documentos del Departamento de Estado norteamericano que confirman y ratifican los riesgos de mantener un sistema energético dependiente al 100% de fuentes energéticas que no podemos controlar en absoluto, ni en sus costes, ni en sus precios ni en sus riesgos.
En Wikileaks también se puede leer cómo el Ministro del Petróleo de Arabia Saudí apoyó decididamente la energía solar para evitar la mala imagen de los países petroleros que se oponían a la reducción de emisiones en la cumbre de Copenhague. El mismo doble lenguaje que se utiliza con las energías renovables se aplica también a la lucha contra el cambio climático. El precio del CO2 se va a multiplicar hasta 2020 y su impacto en la economía va a ser mayor a partir de 2012, cuando los derechos de emisión no se repartan gratuitamente; mientras, tan sólo una décima parte de las empresas lo tienen en cuenta.
Cada vez es más evidente que la pasividad va a resultar más cara. La contaminación atmosférica ya provoca más muertes que la carretera y se extiende como una nueva epidemia invisible con costes cada vez mayores. En nuestras costas es frecuente ver cómo todos los años se repone la arena de las playas y los daños de sus paseos marítimos por los fenómenos cada vez más extremos del clima y de los mares. La Agencia Española de Meteorología ha anunciado un incremento de 6 grados de la temperatura en los próximos 60 años cuando el riesgo admitido tan solo es de 2 grados. ¿Alguien ha calculado el coste económico y de bienestar de un cambio tan espectacular? Ningún gobierno piensa en periodos de décadas y a pesar de que las evidencias crecen, se prefiere un discurso más complaciente o simplemente ignorar el riesgo del cambio climático. Los resultados de la cumbre de Cancún esconden una nueva falta de transparencia y la misma codicia que está en el origen de la crisis financiera de 2008 y de la que en estos momentos ya se está gestando.
La crisis de 2008 tuvo su origen en la subida de los precios del crudo en el verano de 2004 que acabó provocando la subida de los tipos de interés y la ruina de las hipotecas basura. Seis años después el petróleo vuelve a encarecerse; ahora deberíamos estar advertidos. Todo el mundo parece saber el coste de las renovables pero nadie conoce el coste real de los combustibles fósiles y de la energía nuclear a medio y largo plazo. De hecho las eléctricas se han resistido a comunicar a la Comisión Nacional de la Energía el contenido de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural incluso después de que la Audiencia Nacional desestimase en julio el recurso contencioso administrativo que presentaron el año pasado contra la Circular del regulador energético del 22 de diciembre de 2008. Mantener tanta opacidad solo cumple un objetivo: que el actual modelo energético no cambie, aún a costa de ocultar la enorme factura que vamos a dejar a los futuros consumidores en términos de dependencia energética, mayor consumo de energía y emisiones de CO2. Y aún a costa de no difundir que los pequeños avances registrados, como la reducción de emisiones en el sector energético, se han debido a la mayor producción de renovables.
Urge resolver estas contradicciones: no se puede defender la creación de empleo a través de la economía verde con una regulación que los destruye y deslocaliza la industria nacional de renovables; no se puede defender las renovables en los discursos e imponer, a la vez, un mayor consumo de carbón y de gas. Es preciso pasar de una cultura energética que promueve el mayor consumo de combustibles fósiles a otra que se base en el ahorro de energía y de emisiones de CO2. No se trata de crear nuevos impuestos, sino de incentivar fiscalmente los hábitos de ahorro sobre el despilfarro y promover de esta manera el uso racional de la energía. Hace años lo conseguimos con la cultura del agua y hoy nadie lo cuestiona. Hagamos lo mismo con la energía. Esa es la propuesta de corresponsabilidad de la Fundación Renovables, porque esa nueva cultura energética no corresponde en exclusiva al consumidor eléctrico sino a todos los consumidores de energía, en las empresas, el transporte, los hogares y las ciudades. Es una cuestión de equidad y de transparencia, la misma que nos hace creer firmemente que la sociedad civil no ha muerto.
Javier García Breva es presidente de la Fundación Renovables. | Comenta esta noticia en la red social de EL PAÍS | La mayor filtración de la historia | Preguntas y respuestas | Ir al especial
