Los agricultores acusan al Gobierno argentino de poner trabas a la exportación de trigo y carne

El Gobierno argentino y las entidades rurales comenzaron este martes una serie de reuniones con el objetivo de solucionar los conflictos más urgentes del campo. Técnicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos argentina (SAGPyA) recibieron a las cuatro patronales agrarias, que hace 13 días suspendieron una huelga comercial que duró tres semanas.

La jornada comenzó con un cruce de declaraciones y concluyó en un clima tenso. Las entidades agropecuarias denunciaron "presiones y amenazas", en alusión a trabas a la exportación de trigo y carne, y a una visita de un funcionario al Mercado de Liniers, la mayor plaza de comercialización de vacunos del país. Acusaciones a las que respondió el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, al preguntarse cuál sería el beneficio del Gobierno si no prospera el diálogo abierto.

Esperanzas en cuanto al trigo

El encuentro de este martes giró alrededor del mercado del trigo, para el que el Gobierno ha propuesto una "iniciativa superadora", según afirmaron algunos técnicos de las patronales agrarias. La Secretaría de Agricultura calificó de "positivas" las reuniones mantenidas entre los dirigentes agropecuarios y el Gobierno, y coincidió en la necesidad de garantizar al productor el cobro del precio del trigo.

La próxima reunión es este miércoles, en un encuentro en el que también se tratará otro de los asuntos conflictivos: la ganadería. En los próximos días se discutirán la leche y las economías regionales.

Evitar el empeoramiento

Tanto el Ejecutivo como las patronales insistieron en la necesidad de seguir adelante con las negociaciones para evitar un recrudecimiento de las protestas, que duraron 21 días e incluyeron bloqueos de carreteras en todo el país, lo que derivó en desabastecimiento de alimentos. Las cuatro entidades rurales decretaron la huelga comercial en marzo pasado en rechazo al aumento de los impuestos a la exportación de granos.

El campo sostiene que los nuevos impuestos suponen para el sector una "confiscación adicional" de 2.500 millones de dólares al año. Las autoridades aducen que buscan evitar la subida de los precios internos de los alimentos, mejorar la distribución del ingreso e impedir que el país sólo se dedique a exportar soja en desmedro de otras actividades agropecuarias y de la industria.