El alcalde de Caracas pide ayuda a la OEA contra Chávez

En la tarde de ayer, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, y doce seguidores cumplieron 48 horas sin probar alimento. El viernes 3 de julio, a esa misma hora, Ledezma, junto a nueve trabajadores y tres estudiantes, comenzó una huelga de hambre en la Embajada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, que no cesará hasta que el organismo interamericano envíe una comisión de observadores a Venezuela para verificar el desmantelamiento del que han sido objeto los Gobiernos regionales en manos de la oposición por parte del presidente, Hugo Chávez.

"OEA: aquí hay un golpe de Estado", dice la pancarta bajo la cual descansan ahora los huelguistas, en la misma calle de la Embajada. Ledezma, mientras tanto, se encuentra en el primer piso de la sede diplomática, bajo el cuidado de un médico y de los representantes de la OEA, que le han pedido no hacer declaraciones públicas mientras permanezca en el edificio.

"¿Qué más me van a quitar? ¿Los pocos cabellos que me quedan en la cabeza? Estaré aquí hasta el último instante de vida que me quede si la comunidad internacional y la OEA no reaccionan", fue el mensaje que ayer envió el alcalde a la prensa por medio de su esposa, Mitzi Capriles. A fuerza de caramelos y bebidas hidratantes, su salud y la de sus compañeros es estable, dicen los bomberos.

Despojado por decreto

Desde que fue electo alcalde mayor, en las elecciones regionales de noviembre de 2008, Antonio Ledezma ha sido despojado, paulatinamente y por decreto, de casi todo el poder que le otorgaba el cargo: del control de hospitales, escuelas, líneas de transporte y el cuerpo policial que resguarda el área metropolitana. A un mes de su elección, su Palacio de Gobierno, en el centro de Caracas, también fue tomado por un grupo de organizaciones chavistas.

Semanas más tarde, Hugo Chávez ordenó al Parlamento la creación del cargo de "jefe de Gobierno de Caracas", que sería nombrado por él mismo, y al que han sido transferidos buena parte de los bienes y de las atribuciones que correspondían al alcalde mayor. Y en medio de esta pugna política, más de 15.000 trabajadores llevan más de un mes sin cobrar sus salarios, pues el Gobierno central se niega, además, a transferirle a la Alcaldía Mayor el dinero necesario para pagarles.