Dos años sin Manuelita

Han transcurrido dos años desde el presunto secuestro bajo amparo diplomático cubano de Manuelita Rodríguez Velaz, una niña española boliviana. Desde entonces, su padre, que tiene la custodia legal, no ha podido contactar con la pequeña ni hacerle llegar uno de los muchos regalos que guarda en la Embajada española de La Habana. La niña, que el 10 de agosto cumplió seis años, fue trasladada a Cuba por su madre y abuela con la ayuda del embajador cubano en La Paz y el asesor jurídico de la delegación diplomática, según las investigaciones realizadas por Manuel Rodríguez Cornejo, padre de la pequeña.

El matrimonio de Manuel Rodríguez, boliviano nacionalizado español, con la médico cubana Ivette Velaz Saba concluyó después de siete años con una sentencia de divorcio y la decisión de la juez de familia de otorgar la custodia de la única hija de la pareja al padre para salvaguardarla de cualquier riesgo ante la adicción a drogas y fármacos e inestabilidad emocional de su madre.

"Yo llamé a mi suegra porque estaba desesperado ante la situación de mi mujer, que no respondía a ningún tratamiento médico, y le pedí que me ayudara a ingresarla en un centro especializado por consejo de los psiquiatras y médicos que la atendieron", explica Rodríguez en su oficina de una agencia de viajes en Cochabamba.

Documentación

Velaz Saba, hija adoptiva de un ex alto dignatario del Estado cubano, y su madre, Guadalupe Saba, optaron por llevarse a la niña a La Habana, sin la obligada autorización emanada por el juzgado tutelar del menor para cualquier viaje, incluso junto a uno de los padres, que exige la ley boliviana.

Rodríguez ha reunido documentación que establece que las dos mujeres y la pequeña viajaron de Cochabamba a Santa Cruz en un vuelo comercial y abordaron un avión cubano hacia La Habana, pero no pasaron por los controles de Migración en el aeropuerto de Viru Viru.

"Obtuve información fidedigna respecto a la participación directa del embajador de Cuba en Bolivia y del representante legal de Cubana de Aviación en los trámites previos para que mi hija accediera al vuelo de esa aerolínea. Es más, fue el propio embajador quien condujo la operación de sustracción de mi hija y se ausentó del país en el mismo vuelo; yo presumo que fue para facilitar la salida de Bolivia y el acceso de mi hija a Cuba, aprovechando su condición diplomática".

La empresa de telecomunicaciones respondió el 19 de septiembre de este año a un requerimiento fiscal confirmando la comunicación telefónica entre su esposa y cinco números de teléfono que corresponden a la Embajada cubana, a la residencia del embajador en La Paz y a teléfonos móviles privados del embajador en los días previos al viaje de las dos mujeres con la niña.

Dos años

De la salida de la pequeña Rodríguez Velaz han pasado ya dos años y todos los intentos que ha hecho su padre desde Cochabamba para comunicarse con ella o para que reciba los regalos enviados mediante la cooperación española han sido en vano durante todo este tiempo.

"Sigo incomunicado", dijo apenado Rodríguez, tras el último intento de hablar con su hija, el pasado domingo. Tampoco ha sido posible para la justicia boliviana hacer llegar a la madre una notificación judicial. La juez de familia que atendió la causa, la abogada Tatiana de La Fuente, solicitó a las autoridades cubanas mediante un exhorto suplicatorio que se envíe una notificación a Velaz Saba, "porque la obligación del juez es oir a la otra parte y, en este caso, saber en qu é situación se encuentra la niña, además de poner en su conocimiento la demanda de restitución de la niña presentada por el padre, a quien se otorgó la tenencia de la pequeña".

Pero el exhorto suplicatorio no ha podido salir aún de Bolivia. La cónsul cubana en La Paz, Oneida Baro, se ha negado a legalizar las firmas y enviar el exhorto suplicatorio a La Habana para que un juez haga la notificación a Velaz Saba y, en última instancia, asuma su defensa.

El proceso de legalización consiste en reconocer o hacer constar que una determinada persona ocupa un cargo específico: en este caso, el presidente de la Corte Superior certifica el nombre y el cargo de la juez; a su vez, el prefecto avala el nombre y el cargo del presidente de la Corte Superior.

Le corresponde al cónsul señalar que esas personas ocupan los cargos mencionados y enviar el expediente legalizado a su Cancillería. Ésta lo pone en conocimiento de la Corte Suprema y el tribunal asigna a un juez para que proceda a la notificación de la ciudadana cubana.

La cónsul cubana ha rechazado cualquier legalización y ha pedido que este procedimiento se lleve a cabo mediante una comisión rogatoria de la Cancillería boliviana con el fin "de efectuar consulta previa con el Gobierno de la república de Cuba", según el acta notarial que registró esa petición.