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La 'revolución azafrán'

20 años de cárcel por un teléfono satélite

EFE - Bangkok - 26/09/2007

 
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La eficiente maquinaria de espionaje y control de la información creada por la Junta Militar de Myanmar (antigua Birmania) trabaja a fondo para desactivar las movilizaciones encabezadas por los monjes. Esa extensa red de vigilancia, desarrollada durante cuatro décadas por los generales birmanos, es una de las más sofisticadas y extensas estructuras de espionaje en Asia. Las fuerzas de seguridad tienen interceptados todos los sistemas de telecomunicaciones.

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En Myanmar, estar en posesión de un radio-teléfono no declarado acarrea la detención, y quien sea sorprendido con un teléfono satélite será acusado de "alta traición" y condenado a una pena mínima de 20 años de cárcel. Además, para disponer de un ordenador en este país asiático, donde sólo existe una decena de cibercafés con limitado acceso a Internet, hay que pedir un permiso especial al Ministerio de Comunicaciones, e infringir esa ley es castigado con penas que van desde los 7 a los 15 años de prisión. En todos los hoteles, las llamadas son interceptadas con descaro y, si se emplea el servicio de Internet, el establecimiento se queda con una copia del mensaje.

Los birmanos dicen que el régimen militar tiene "oídos y ojos" en todas partes, y que en la nómina del poderoso servicio de inteligencia, además de militares, también figuran pedigüeños, vendedores callejeros, recepcionistas de hoteles, empleados de oficinas, monjes, taxistas o estudiantes.

Los espiados no son sólo miembros confesos de la oposición o seguidores de Aung San Suu Kyi, la líder del movimiento democrático que desde junio de 2003 cumple otro arresto en su domicilio de Yangon. También los diplomáticos, periodistas y empresarios extranjeros, que los generales denominan "esbirros del imperialismo", son seguidos y fotografiados.

Desde el inicio de las protestas, los sistemas de telefonía móvil están bloqueados. En el aeropuerto internacional de Yangon, los agentes inspeccionan los equipajes en busca de aparatos de telecomunicación y obligan a declarar los móviles, que luego no sirven, así como los ordenadores portátiles. Varias decenas de extranjeros han sido expulsados por observar o fotografiar las manifestaciones.


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