20 años de impunidad
14 de junio de 2004
El Supremo argentino ha declarado inconstitucionales las leyes de impunidad promulgadas en lo 80 por el primer gobierno democrático del país. Son dos leyes, Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron procesar a centenares de implicados en la represión durante la dictadura (1976-1983).
Mayo de 2005
El jefe de los fiscales federales, Esteban Righi, dictamina que las dos normas son inconstitucionales, al día siguiente de que el presidente Néstor Kirchner reclamase a la Corte una definición sobre estas leyes.
14 de agosto de 2003
Por amplia mayoría el Parlamento declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Se abre así la vía para juzgar delitos cometidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. La votación parlamentaria contó con el apoyo de la mayoría peronista y de grupos de izquierda y con el respaldo de miles de manifestantes en las calles de Buenos Aires. La histórica decisión contó con el impulso del presidente argentino, Néstor Kirchner.
6 de marzo de 2001
El juez federal Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a partir de un recurso formulado por una agrupación defensora de los derechos humanos.
29 de diciembre de 1990
Otro indulto dispuesto por Menem beneficia a los mandos de las Juntas Militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Roberto Viola, además del almirante Emilio Massera.
Octubre de 1989
El presidente argentino, Carlos Menem, firma los decretos por los que se concede un amplio indulto que abarca a 280 personas. El indulto no incluye a los militares condenados a cadena perpetua de la primera junta de la dictadura, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Tampoco está incluido en la medida el dirigente montonero, condenado a cadena perpetua, Marlo Firmenich.
4-6-1987
La Cámara de los Diputados del Parlamento argentino aprueba la ley que reglamenta la obediencia debida en las Fuerzas Armadas. El texto final, aprobado por 125 votos a favor, 54 en contra y una abstensión, incluye las enmiendas hechas por el Senado para que se exima de proceso también a los oficiales superiores que, por su ubicación en la cadena de mandos, "obedecieron órdenes" durante la llamada guerra sucia contra la guerrilla, entre 1976 y 1983. Los juicios deben interrumpirse de inmediato y quedan en libertad la mayoría de los acusados que permanecían en prisión preventiva.
23-12-1986
El Senado argentino aprueba, por 25 votos contra 10, la llamada Ley de Punto Final, esto es, la prescripción de acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y 1982.
