El atropello de dos jóvenes incendia una ciudad argentina
Los vecinos de Baradero acusan a la policía de asesinato
El comisario de policía y el jefe de Inspección Vial de Baradero, una población de 29.000 habitantes al norte de Buenos Aires, presentaron ayer la dimisión. La decisión fue un intento de calmar a unos enfurecidos vecinos que acusan a dos inspectores de tráfico de embestir a propósito a una motocicleta en la que viajaban dos adolescentes que resultaron muertos.
Unos 2.000 vecinos incendiaron el pasado domingo la alcaldía de la ciudad y otras dependencias públicas, y varios centenares recorrieron ayer las calles más céntricas, tras el entierro de los dos jóvenes, en medio de una fuerte tensión, reclamando castigo para los responsables de las muertes.
El centro de la ciudad, donde se sitúa la alcaldía, aparecía ayer arrasado, con restos de miles de papeles quemados (los archivos del municipio ardieron casi en su totalidad), piedras arrancadas y macetones volcados. El motín ("pueblada" se denomina este tipo de acciones en Argentina) se inició cuando centenares de vecinos salieron espontáneamente a la calle para protestar por la muerte de dos jóvenes de 16 años, Giuliana Jiménez y Miguel Portugal, que viajaban en la motocicleta accidentada.
Según testimonios recogidos por emisoras de televisión y radio, la policía de Baradero lleva adelante desde hace meses una agresiva política de control de motocicletas conducidas a gran velocidad por adolescentes que, en su mayoría, no llevan casco. Varias decenas de motos fueron confiscadas, y no han sido infrecuentes las persecuciones por las calles de la localidad.
Según la familia de los dos adolescentes muertos, el encontronazo fue consecuencia de una persecución en la que participaron dos inspectores de tráfico, un hombre y una mujer. Según esas fuentes, la furgoneta policial detectó temprano en la mañana del domingo que los dos jóvenes iban sin casco e intentó pararles a toda costa. La consecuencia fue un choque en una esquina. La muchacha falleció en el acto, y su joven novio, poco después de ser trasladado al hospital. Según el alcalde de la localidad, Aldo Carossi, del Partido Justicialista, se trató de un accidente no intencionado y los dos inspectores, momentáneamente detenidos, quedaron en libertad.
Un numeroso grupo de vecinos salió pocas horas después a la calle para protestar airadamente y reclamar justicia. La protesta terminó en actos violentos que la policía local no pudo atajar. Neumáticos incendiados fueron arrojados contra el edificio del Ayuntamiento y otros locales públicos, que sufrieron incendios de diversa gravedad. El gobernador de la provincia, el también oficialista Daniel Scioli, aseguró que el motín fue provocado por "un grupo de violentos, obviamente infiltrados y agitadores políticos, que se aprovecharon del dolor y la indignación de los verdaderos vecinos". No identificó, sin embargo, a los pretendidos "agitadores políticos", ni acusó a ningún grupo concreto.
Según algunos testimonios locales, uno de los edificios asaltados fue el garaje donde se guardaban las motos confiscadas a la espera del pago de multas, muchas de las cuales desaparecieron durante el tumulto.
Pablo Scarfoni, el jefe de Inspección Vial, a cuyo cargo estaban los dos inspectores implicados en el confuso accidente, aseguró que había presentado su dimisión inmediata para que el alcalde "pueda oxigenar" la tensa situación y "garantizar la paz social".
