Las autoridades intentan identificar a los indocumentados
Las autoridades mexicanas han comenzado las autopsias y las tareas de identificación de los 72 inmigrantes indocumentados asesinados esta semana en Tamaulipas, en la frontera con EE UU. Sobre el terreno se espera la llegada de delegaciones consulares de Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil para ayudar en el proceso. "Es un trabajo que llevará tiempo, por el número de cadáveres, pero hemos traído expertos de la fiscalía", explicó ayer un funcionario a la agencia France Presse.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, lamentó ayer que haya trascendido el nombre y la imagen del único superviviente de la matanza. "Yo di la orden de que se cuidadara la identidad del testigo, y habrá que investigar lo que ocurre", dijo.
Las investigaciones del crimen apuntan a la renuencia de los indocumentados a integrarse al grupo criminal de Los Zetas, informó a EL PAÍS Alejandro Poiré, portavoz del Gobierno de México para la lucha anticrimen. "Como otros fenómenos que enfrentamos, este es un asunto internacional, pero en el que debe quedar claro que aquí los culpables son los criminales, que tienen origen en quienes enganchan a estas personas en su lugar de origen", apuntó Poiré, que antes fue viceministro de Asuntos Migratorios.
Pero para otras voces mexicanas que ayer se alzaron en coro indignado, el Gobierno mexicano es corresponsable de la matanza, que algunos ya etiquetan como "el holocausto de los 72".
El padre Pedro Pantoja lleva 10 años en Saltillo, Coahuila, recibiendo a los migrantes que vomita ahí el tren. "Ellos nos dicen que vinieron a morir a México, este país es el cementerio de los centroamericanos", dice el padre Pantoja, de la ONG Belén Posada del Migrante, que ha atendido a 50.000 migrantes. El sacerdote cree que México tiene que ser llevado por este caso a un tribunal internacional. "Ya acudimos en marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y hace mes y medio el Gobierno respondió a la CIDH ridiculizando nuestro informe. Y desvalorizan el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [que señala que hay hasta 20.000 migrantes secuestrados al año]".
La prensa mexicana recalentó ayer distintas denuncias e investigaciones sobre la explotación de los migrantes. Pocos son los sin papeles que ante noticias como la de esta matanza dan media vuelta y regresan a su lugar de origen. Al fin de cuentas, nada promisorio hay en el terruño que los expulsó. Porque esta será hasta ahora la mayor tragedia ocurrida en un solo sitio, pero para nada es nueva.
