La batalla de los símbolos

La mundialmente difundida muerte de Arturo Beltrán Leyva, el jefe de narcotraficantes más violento y sanguinario que ha existido en México, tuvo un aplauso efímero. No terminaba de celebrarse que unidades de élite de la Marina lo hubieran cazado después de una intensa persecución, cuando la difusión de las fotografías de su cadáver, con los pantalones a las rodillas y tapizado con billetes ensangrentados, desató un escándalo. "¿Por qué se preocupan de esos detalles cuando hay cosas más importantes en qué preocuparse", cuestionó un ciudadano en un comentario colocado en las redes sociales, sin alcanzar a comprender que el episodio es parte sustantiva de la guerra contra el narcotráfico que vive México desde hace tres años.

Lo que demuestran las fotografías fue un acto de manipulación, dentro de toda una operación de propaganda de la Marina que, al final de cuentas, le salió mal. El miércoles pasado, la oficina de prensa de la Marina invitó a los periodistas de la ciudad de México a acompañarlos a donde se estaba dando el enfrentamiento, en la ciudad de Cuernavaca, a unos 70 kilómetros de la capital federal. Llegaron en un autobús en medio del tiroteo, y les permitió entrar al apartamento donde se había dado el choque final entre sus unidades y los narcotraficantes, sin importar que era una escena de crimen donde había evidencia que podía ser contaminada. Los propios marinos tomaron fotos de Beltrán Leyva abatido y las transmitieron por sus teléfonos celulares, mientras los medios registraban los momentos en que se preparaba el tapizado del cuerpo.

La difusión de las imágenes hizo olvidar la muerte del criminal que modificó los términos de la violencia en la guerra contra el narcotráfico, y provocó que el gobierno federal se embarcara en una campaña de control de daños y deslindara a la Marina de tan grotesca iniciativa. Medios de prensa citaron a fuentes militares subrayando que todo había sido deliberado, dentro de una operación de propaganda ubicada en una nueva faceta de esa guerra, que pareciera confirmar toda la movilización de periodistas que hicieron para mostrar su acción en Cuernavaca. Buscaron los símbolos, tan obscenos como los que emplean los propios narcotraficantes en sus ejecuciones.

La escenografía en Cuernavaca no fue, sin embargo, algo inusual. Todo lo contrario. Es parte de una larga guerra de propaganda en la que se encuentran embarcados el gobierno federal y los cárteles de la droga.

Los narcotraficantes comenzaron a grabar en vídeo las ejecuciones de sus enemigos y difundirlas. Las puestas de escena tenían similitudes a las ejecuciones que realiza Al Qaeda en Afganistán y Pakistán por cuanto a su representación escénica. Quienes comenzaron a realizar ese tipo de grabaciones fueron, paradójicamente, los sicarios de Beltrán Leyva. La práctica se socializó entre los criminales y se amplió la crudeza de lo documentado. Otro cártel, La Familia Michoacana, grabó a 11 policías federales que estaban tras su pista luego de ser descubiertos y capturados. Los muestran golpeados, torturados y finalmente ejecutados, sin dejar de incluir en su pequeño filme casero la violación de una agente.

El gobierno federal no se quedó atrás. Los asesores de imagen del presidente Felipe Calderón decidieron realizar su propia contraofensiva propagandística. Inmediatamente después de cada detención de presuntos narcotraficantes, difundían spots en radio y televisión mostrándolos como criminales y ensalzando la tarea de la policía y los militares. Los spots, vistos desde un punto de vista jurídico, violan la ley. En el Derecho mexicano todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero en los spots, antes de que se iniciara el juicio, la Presidencia de la República ya había decidido que eran criminales. Se puede decir que equivalen a juicios sumarios donde el fallo se daba por decreto.

Desde hace tiempo el gobierno federal se queja de que los medios hacen apología de la violencia, cuando muestran imágenes de cabezas sin su respectivo cuerpo, difunden los mensajes que dejan sobre los cuerpos de los ejecutados, o describen literalmente los textos escritos sobre mantas que suelen aparecer en las zonas controladas por los cárteles contra altos funcionarios federales. En ocasiones han mostrado exasperación porque las acusaciones de corrupción contra jefes policiales o miembros del gabinete del presidente Calderón llegan a tener más credibilidad entre la opinión pública que las personas señaladas.

Pero al mismo tiempo, el gobierno federal realizaba recreaciones de operaciones policiales para que los medios, principalmente la televisión que es para la cual estaban diseñados, pudieran difundirlos masivamente. Los medios aclaraban pocas veces que lo que presentaban, como si fuera una transmisión en vivo, en realidad era un montaje. Uno de estos provocó un diferendo diplomático entre México y Francia, porque de esa forma presentaron los medios "la detención" de la francesa Florence Cassez. Aunque fue juzgada y sentenciada por secuestro, consideran que ese tipo de operación de propaganda violó el debido proceso legal y quieren que cumpla su pena en una cárcel francesa.

El gobierno federal ha ido más allá en esta lucha de símbolos. Por ejemplo, está imponiendo censura a los corridos, que son composiciones musicales, donde se hable de narcotraficantes. Los corridos pueden elogiar leyendas urbanas, o también pueden ser mensajes de un cártel para otro, lo que ya ha provocado la muerte de algunos de sus cantantes. El gobierno dice que no impone la censura, pero sanciona y ha multado a estaciones de radio que han difundido algunos de ellos, presionando también para que algunos grupos famosos los saquen de su repertorio. El argumento es que los corridos "promueven" y "glamourizan" la cultura del narco.

Esa crítica no tiene su antítesis autocrítica. En los últimos meses los asesores de imagen del presidente Calderón sacaron al aire otra nueva campaña de spots para subrayar la eficacia en la guerra contra las drogas. Al igual que en la anterior campaña, se difunden antes de que sean juzgados y sentenciados los presuntos delincuentes. En esta se les presenta junto a todo un arsenal -algunas armas adornadas con estilo churrigueresco-, imágenes de sus automóviles -de lujo siempre-, cerros de dinero decomisados y, cuando se puede, las hermosas mujeres que siempre los acompañan.

La televisión es de donde obtiene sobre el 70% de los mexicanos su información, y en un país donde la pobreza y la marginación crecen anualmente, ese tipo de spots juegan más como una bolsa de trabajo para el narcotráfico. Los cárteles han venido reclutando a sus sicarios entre el lumpen de las ciudades, y ese tipo de spots, les facilita el trabajo.

La lucha propagandística entre el gobierno y los cárteles de la droga ha llegado a situaciones extremas. En julio pasado, un mando de segundo nivel de La Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta, habló a la televisión para ofrecerle un pacto al presidente Calderón. Para contrarrestar la declaración, el gobierno pidió al vocero de la Procuraduría General que respondiera, pero conforme avanzaban las horas, lo único predominante en las noticias era lo que ofrecía La Tuta. En una decisión presidencial, se ordenó que el secretario de Gobernación (ministro del Interior), respondiera al narcotraficante, a fin de evitar que la última palabra la tuviera un criminal.

Lo lograron en aquél momento, pero no quedaron del todo satisfechos. En esta guerra de símbolos, el gobierno ha ido perdiendo las batallas por más esfuerzos propagandísticos que realiza. La operación de la Marina del miércoles pasado parecía que rompería finalmente el ciclo donde todo lo que hace la autoridad se le revierte. Pero el gen de la deficiente comunicación política volvió a aparecer. Hasta hoy día, lo que pudo ser finalmente una victoria palpable para la opinión pública, se convirtió en un desaseo propagandístico. Rápidamente se dejaron atrás los méritos del golpe al narcotráfico, y lo que prevalece y quedará es la forma aberrante y pueril como coronaron su acción.