El cambio que se avecina en las cárceles de Guatemala
El país estrena una Ley del Sistema Penitenciario que pretende acabar con el imperio del crimen organizado en los penales
Tras años de abandono, que permitieron a las bandas del crimen organizado apoderarse de las prisiones de Guatemala hasta el punto de convertirlas en su cuartel general de operaciones, el presidente del país, Óscar Berger, ha sancionado una nueva norma, la Ley del Sistema Penitenciario. El anuncio ha merecido la aprobación de una ciudadanía cansada de la impunidad con la que las bandas criminales operan desde las prisiones, que escapan al control del Estado a través de los autollamados Comités de Orden, integrados por los propios reclusos, normalmente los más crueles y que cumplen largas condenas.
La situación en las cárceles guatemaltecas ha degenerado hasta tal grado que los centros, lejos de cumplir con su misión de redimir al reo y devolverlo a la sociedad convertido en un ciudadano útil, se han transformado en auténticas universidades del crimen. Raterillos de poca monta abandonan los presidios, tras cumplir su condena, convertidos en delincuentes de alta peligrosidad.
Quien va a parar a las cárceles de Guatemala por cualquier falta o delito es víctima de las extorsiones de las mafias internas. Si tiene capacidad económica, puede acceder a comodidades como casa propia dentro del recinto, licores, drogas y hasta prostitutas. A los pobres se les priva de lo más elemental, como colchones y mantas y son obligados a realizar la limpieza de los pabellones. Quien se atreve a protestar, es víctima de palizas y todo tipo de humillaciones.
Todos estos abusos eran hasta ahora de conocimiento público, sin que ningún funcionario haya tenido la valentía de ponerles fin. El asalto a la Granja Penal de Pavón, ocurrido el lunes 25 de septiembre, puso al descubierto una situación inimaginable. En el presidio más importante de Guatemala se encontró una planta para refinar cocaína y otra para fabricar aguardiente, así como armas de asalto —fusiles AK-47 y granadas de fragmentación— y, lo más sorprendente, un equipo de escuchas telefónicas que permitía a los secuestradores elegir a sus víctimas y tener la información necesaria para elevar la cifra de los rescates pedidos.
Un narcotraficante colombiano, José Batres, que murió en el asalto de las fuerzas combinadas del Ejército y la policía, era propietario de una pequeña mansión en el interior del presidio, con acceso a televisión vía satélite, un bar muy bien surtido y hasta un cuarto de baño dotado de jacuzzi. Otro de los caídos en esa acción, que se saldó con siete prisioneros muertos, fue Luis Alfonso Zepeda, presidente del Comité de Orden, que cumplía una condena de 27 años por asesinato y que, gracias a las extorsiones a los detenidos, percibía un sobresueldo mensual de 200.000 quetzales mensuales (unos 20.000 euros). Esto, en un país donde el 80% de sus 13 millones de habitantes bajo el umbral de la pobreza (menos de 2 euros al día).
A partir de ahora, el nuevo instrumento legal permitirá al Estado recuperar el control de las prisiones y devolverles su vocación de redimir a los reclusos. "Con esta ley y su reglamento se podrán establecer reglas claras de juego y que sea el Estado quien tenga el control de las cárceles", dijo a la prensa local el director general del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, quien, tras sobrevivir a un atentado a tiros a mediados de año, se vio obligado a enviar a su familia fuera del país hace una semana, ante el incremento de las amenazas de muerte recibidas tras el asalto a la Granja Penal de Pavón.
También se eliminarán los privilegios de los que gozaban algunos reclusos, mientras se establecerán ventajas como regímenes abiertos para quienes observen buena conducta y quieran trabajar o estudiar. Se regula el traslado de reos a otros centros, hasta ahora utilizado por las mafias para escapar o reunir a algunos de sus miembros más relevantes y dirigir a sus cómplices desde las celdas.
Retomado el control de la Granja Penal de Pavón, resta hacer lo propio en los otros 16 grandes presidios de este país centroamericano, donde permanecen hacinados y en condiciones infrahumanas cerca de 7.000 reos.
El primer nubarrón en el horizonte es de índole económica. Se requiere con urgencia el equivalente a ocho millones de euros, que el presidente Berger ha pedido al Congreso (legislativo, unicameral). A esto hay que sumar el factor humano. Se hace necesario dignificar y profesionalizar a los guardias de prisiones, hasta ahora insuficientes y con sueldos de miseria, extremo que los hace sumamente vulnerables a la corrupción.
