Más de cien países acuerdan prohibir las bombas de racimo

Una década después de la firma del Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersona, representantes de 109 países reunidos en Dublín alcanzaron ayer un acuerdo sobre un borrador de tratado que proscriba el uso, la producción y el almacenamiento de bombas de racimo, armas cargadas con decenas o centenares de submuniciones explosivas que se desprenden antes del impacto sobre amplias extensiones de terreno.

El texto común prevé la destrucción de los arsenales existentes

Tras 10 días de negociaciones en la capital irlandesa -en las que no han participado EE UU, Rusia, China, Israel e India- las delegaciones presentes superaron los últimos elementos de fricción pactando un texto que también prevé la destrucción de los arsenales existentes "en un máximo de ocho años". Por la tarde, el primer ministro británico, Gordon Brown, había abierto la vía anunciando el apoyo del Reino Unido a la prohibición de "todos los tipos de bomba de racimo" y su intención de retirarlas de sus arsenales.

"La declaración de Brown ha dado un impulso fundamental a las negociaciones", comentó ayer en una entrevista telefónica desde Dublín Marc Garlasco, analista militar de la ONG Human Rights Watch. "Las fricciones sobre la definición de bombas de racimo a prohibir, un punto caliente hasta hoy [por ayer], han quedado allanadas con un acuerdo positivo".

Algunos países, entre ellos España, habían propuesto durante la negociación que se establecieran excepciones a la prohibición, por ejemplo para las bombas de nueva generación que contienen dispositivos de autodesactivación. Uno de los principales problemas de las bombas de racimo es que muchas de las cargas que sueltan -hasta un 25% en ciertos modelos- no explotan al impactar con el suelo, convirtiéndose así de facto en minas que afectan a civiles indiscriminadamente hasta muchos años después.

El borrador propuesto por la presidencia irlandesa y aprobado por todos los delegados, sin embargo, rechazó la mayoría de las excepciones propuestas y mantuvo sólo dos de carácter muy marginal. España se sumó pese a que sus peticiones no fueron recogidas en el texto final.

Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau, en una conversación telefónica también desde Dublín, calificó el acuerdo alcanzado "de satisfactorio, porque prevé excepciones muy limitadas a la prohibición y porque establece obligaciones de asistencia a las víctimas civiles. El aspecto negativo es la cuestión de la cooperación militar con países que no firman". El borrador aprobado permitirá esa cooperación, como pretendían varios países de la OTAN. Las propuestas más radicales fueron rechazadas.

La convicción de muchos analistas es que la aprobación del tratado ejercerá una notable presión también sobre los países ausentes en Dublín. Un fenómeno parecido ocurrió con el tratado sobre minas antipersonales, ratificado ya por más de 150 países, aunque no por Rusia, China ni EE UU.

Más de 30 naciones producen este tipo de armas, incluida España. Más de 70 disponen de esas armas utilizadas en Líbano, Afganistán e Irak, entre otros países.