El coste del conflicto indígena en Perú
Alan García afronta el reto de reconstruir su autoridad en el país y en su partido
"El primer recurso es la Amazonia. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella se puede hacer forestación maderera y especialmente en los ocho millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir, un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y alta tecnología", escribió en octubre de 2007 el presidente peruano, Alan García, en un artículo titulado El síndrome del perro del hortelano. Casi dos años después, ha sido esa misma selva la que le acaba de asestar el golpe más duro en los casi tres años que lleva su segundo mandato. Lejos de ser domesticado, el perro del hortelano terminó mordiéndole la mano al presidente.
El levantamiento de los nativos contra los decretos legislativos que emitió el Gobierno para estimular la inversión privada en la Amazonia y sintonizar la legislación peruana con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está a punto de materializarse, después de que el Ejecutivo solicitara al Congreso la derogación de dos de las normas más cuestionadas.
Los indígenas ya han empezado a desmovilizarse, pero el precio que ha tenido que pagar el Gobierno por la paz ha sido más alto de lo esperado. Los 24 policías muertos (podrían ser 25, pues un oficial sigue desaparecido) que originaron los enfrentamientos en los alrededores de la la localidad de Bagua entre el 5 y el 6 de junio representan la mayor tragedia en la historia de la policía peruana. Ni siquiera en los peores tiempos del terrorismo de Sendero Luminoso se perdieron tantos agentes en una sola acción armada. A ellos hay que sumar las 10 víctimas civiles acreditadas hasta el momento, aunque los indígenas insisten en que sus bajas son mayores. Además, unas 150 personas fueron heridas.
Pero el coste para el Gobierno es aún más alto. Un año después de que las protestas en la región de Moquegua, al sur del país, terminaran con el secuestro de un destacamento de policías, el Estado ha vuelto a ser doblegado por la presión popular. Pero esta vez no sólo se ha dado una capitulación prácticamente incondicional ante los nativos. También han quedado cadáveres políticos regados por el camino. Los más notorios son los del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, que ya ha anunciado que dimitirá apenas se tranquilice la situación, y el de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que hace unos meses era considerada como posible candidata presidencial del partido del Gobierno para las elecciones de 2011.
Esto obligará al presidente García, que también ha salido chamuscado, a recomponer su Gabinete, pero sobre todo, a restablecer el principio de autoridad en el país. Y deberá empezar por su grupo parlamentario, que ha quedado descolocado, pues por tercera vez en tres semanas deberá pronunciarse sobre los decretos de la selva ("los decretos del hortelano", como los llaman algunos) y votar de manera diferente.
Entre la oposición, el más fortalecido ha sido el nacionalismo de Ollanta Humala, pese a que el Gobierno le acusa de ser uno de los agitadores de la revuelta, con apoyo extranjero. El canciller, José Antonio García Belaunde, volvió a acusar ayer al régimen boliviano de Evo Morales de intentar desestabilizar el país. Por su parte, el ex presidente Alejandro Toledo ha aprovechado también la coyuntura para ganar espacio y dejar claro que puede volver a ser candidato en las próximas elecciones.
"Esta crisis política ha dejado un efecto muy profundo y con un régimen lamentablemente debilitado, pues en la selva o en otras zonas del país podría haber quedado la sensación de que este Gobierno no cede ante los argumentos, sino ante la presión", señala el analista Augusto Álvarez Rodrich en su columna del diario La República. "Es una pésima señal para una nación que aún debe aprender a resolver sus problemas con diálogo y no con balas".
A falta de los resultados de las encuestas, que deben aparecer en los próximos días, cabe preguntarse cuánto ha afectado esta crisis a la precaria popularidad del presidente García, que en los últimos meses había empezado a remontar y se había situado cerca del 40%.
Ahora, a diferencia de anteriores crisis, no tendrá el escudo de la economía. El producto interior bruto peruano cayó en abril un 2,01% y puso fin a una racha de 93 meses consecutivos con resultados positivos. Aún no se habla de recesión, pero incluso la economía estrella de la región está sintiendo la crisis.
