Seis décadas sin Ejército en Costa Rica

Se puede entender como una casualidad, pero la relación se tornó ineludible. El Gobierno de Costa Rica, que dirigen el presidente Óscar Arias y su hermano Rodrigo, ministro de la Presidencia, hizo público el lunes su proyecto de someter la Constitución a una operación a corazón abierto. Horas después, aún con el periódico bajo el brazo, parte del Gabinete celebraba en el antiguo Cuartel Bellavista, actual Museo Nacional, los 60 años de la abolición de las Fuerzas Armadas, el mayor orgullo de los costarricenses garantizado en la Carta Magna.

La conmemoración pasó más bien inadvertida. Nadie en el país se atreve a criticar la decisión que tomó en diciembre de 1948 el entonces presidente provisional, José Figueres Ferrer, al que la historia no oficial le atribuye, además de sabiduría y buenas intenciones, astucia para evitarse enemigos.

El Gobierno tampoco pretende revocar decisiones históricas, como la carencia de Fuerzas Armadas, la abolición de la pena de muerte (1871) o la declaración de neutralidad perpetua (1983). La intención de sustituir la Constitución, escrita al amparo de Figueres y la Junta Fundadora de la Segunda República en 1949, se orienta más bien hacia la gobernabilidad, ha intentado explicar Rodrigo Arias, una suerte de primer ministro en este país pequeño, centralizado y homogéneo en el que el Gobierno quiere aumentar los poderes del presidente.

Reducir las potestades del Tribunal Constitucional, restar mecanismos de freno en el Congreso y dar más poder al Gobierno son algunos de los objetivos que Rodrigo Arias admitió al periódico La Nación, que ayer recogió también numerosas expresiones de rechazo en partidos de oposición y hasta dentro del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), fundado por Figueres. En Costa Rica no caen demasiado bien los cambios drásticos y menos cuando se trata de bajar del sagrario la Constitución para convertirla en un documento imprevisible. El proyecto no surgió de una ocurrencia en el fragor de las semanas previas a las Navidades. Al parecer, existe ya un borrador de diez grandes reformas y un cronograma para sustituir la Carta Magna.

"Llega el momento en que uno se da cuenta de que es prácticamente imposible gobernar con una parálisis jurídica como la que tenemos", ha sido la justificación de Rodrigo Arias, mientras el jefe de Estado visita Singapur para ver cómo Lee Kuan Yew aplicó su mano fuerte para convertir al diminuto país del sureste asiático en un Estado capaz de funcionar como un reloj suizo.

En Costa Rica, la más mínima modificación legal debe superar un camino plagado de obstáculos. Todos lo admiten, pero la mayoría prefiere arreglar los circuitos sin someter la casa a una remodelación total, quizá por miedo a importar las experiencias de las Constituyentes de los países andinos o de activar el conflicto social que todavía chispea tras el inédito conflicto nacional en torno al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes.

Para el presidente Arias, la ingobernabilidad justifica la intervención de la Constitución antes de 2011, aunque ya bajo otro mandato presidencial. "No hay vuelta de hoja", dicen que dijo a uno de los aspirantes presidenciales oficialistas. La reforma es incluso "urgente", ha manifestado el ministro Arias, un hombre de empresa que sueña con ver al Estado, reconocido por su espíritu democrático y garantista, funcionando como Singapur o como su fábrica de azúcar en el Pacífico Norte del país.

Rodrigo Arias advirtió que hay contenidos básicos de la Constitución actual que están blindados por la madurez del sistema costarricense, como los derechos individuales, la propiedad privada, el régimen democrático y joyas como la carencia de Ejército. Óscar Arias más bien aboga cada vez que puede, arropado por su Premio Nobel de la Paz (1987), por una reducción del gasto militar y por el reconocimiento a los países que lo logran.

"El gasto militar en el mundo asciende a 3.300 millones de dólares diarios. Con lo que cuesta un helicóptero se paga una beca anual de 100 dólares mensuales a 5.000 jóvenes pobres en riesgo de abandonar su educación secundaria", ha dicho el mandatario.