El hombre elegido por Barack Obama para tomar las riendas de la CIA, Leon Panetta, rechazó ayer, en su proceso de confirmación en el Senado, el uso de las llamadas entregas extraordinarias —las detenciones y extradiciones secretas de sospechosos de terrorismo a países en los que la tortura es una práctica habitual— dentro de esta agencia.

Enfrentándose a algunas dudas sobre sus ingresos y algunas reservas por su falta de experiencia, Panetta se sometió ayer al último proceso de confirmación del Congreso a un miembro de alto perfil del equipo de seguridad nacional diseñado por el presidente.

El candidato fue tajante cuando la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feisntein, le preguntó si seguirían las entregas extraordinarias. "No. No seguirán", dijo Panetta, quien recordó que el presidente firmó, el primer día en la Casa Blanca, una orden ejecutiva (decreto) que prohíbe el uso de la tortura en los interrogatorios de la CIA, dentro o fuera de EE UU.

Panetta fue jefe de gabinete de la Casa Blanca en la Administración de Bill Clinton, entre 1994 y 1997. Precisamente en aquella época las detenciones y extradiciones secretas se convirtieron en una práctica frecuente. Su número aumentó tras los atentados del 11-S. El senador republicano por Misuri Kit Bond pidió ayer a Panetta que explicara si entonces justificó el uso de esta práctica.

Según el candidato, las detenciones de entonces estaban justificadas siempre que no se extraditara al sospechoso "a un país que no compartiera los valores humanitarios" de EE UU. "Si capturamos a un prisionero importante, creo que tenemos el derecho de detenerle (...), obtener la información que nos pueda ofrecer y asegurarnos de que lo encarcelamos de forma adecuada. Creo que eso queda amparado por la orden ejecutiva de Obama]", dijo.

Panetta añadió que, como nuevo director de la CIA, no llevaría a juicio a los agentes que hubieran usado técnicas como el waterboarding o ahogamiento fingido. La Casa Blanca permitió esta práctica en 2002 y 2003 y la CIA no la prohibió hasta 2006. "Estas personas no deberían ser sometidas a juicio o a investigación si cumplieron con la ley tal y como la interpretó el fiscal general", explicó.

Politólogo y abogado de formación, congresista durante 16 años, Panetta encaraba ayer dos obstáculos aparentemente menores a su probable confirmación: la falta de experiencia en inteligencia y el hecho de que el año pasado ganara más de un millón de dólares (777.000 euros) por trabajos como asesor y conferenciante, en parte de empresas que han recibido ayuda del Estado.