La matanza de Pando fue un "crimen de lesa humanidad", según Unasur

La comisión especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha calificado como "crimen de lesa humanidad" la muerte de 20 campesinos bolivianos en el amazónico departamento de Pando el pasado 11 de septiembre, y ha señalado que los crímenes deben ser sometidos a la justicia ordinaria y no en un juicio político, como reclama el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, encarcelado en La Paz.

El presidente de la comisión, el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, leyó ayer las conclusiones de un informe de 66 páginas preparado por la comisión -cuyo contenido adelantó EL PAÍS el pasado viernes- durante un acto especial en la Casa de Gobierno. Además, entregó filmaciones de los testimonios y de las investigaciones realizadas en Porvenir y Cobija para que sean utilizadas por la justicia boliviana. El informe señala que las víctimas "constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático realizado con conocimiento de dicho ataque en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional en vigor, un crimen de lesa humanidad".

Menciona también que los agresores de la columna de campesinos "lo hicieron de forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del Gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal". Recomienda una investigación más exhaustiva sobre las ejecuciones sumarias de niños, enterramientos clandestinos, abusos sexuales y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También se recomendó la investigación de la muerte por un disparo de un funcionario de la prefectura y un pastor evangélico, acusado de ser un "activista" de las autoridades gubernamentales.

El documento, que representó un jarro de agua fría para la debilitada oposición boliviana, ha despertado sin embargo protestas de parlamentarios de las regiones que denunciaron la parcialidad de la comisión y lamentaron que no haya incluido testimonios de funcionarios de la prefectura, que los juristas internacionales consideraron poco creíbles, según declararon a cadenas de radio locales.