Las escuchas ilegales de la prensa de Murdoch llegan a los Comunes
Cameron cree "espantoso" que un diario espiara el móvil de una niña desaparecida
El escándalo de las escuchas ilegales practicadas por el tabloide londinense News of The World toma rasgos de crisis política al saberse que el diario llegó a interceptar el buzón de voz del teléfono móvil de una niña de 13 años que estaba desaparecida y que luego fue hallada asesinada. Los Comunes celebrarán hoy un debate de tres horas para decidir si piden al Gobierno que se abra una investigación judicial independiente. Y el primer ministro David Cameron, que se encuentra visitando Afganistán, ha declarado que ese episodio es "un acto absolutamente espantoso".
El asunto pone en cuestión el futuro de Rebekah Brooks, directora del dominical cuando se produjeron esos hechos en 2002, que ascendió luego a directora del Sun, el tabloide más influyente del país, y que en la actualidad es uno de los ejecutivos más poderosos del emporio mediático de Rupert Murdoch en Reino Unido en calidad de directora general de News International, la filial de News Corporation que agrupa el negocio de la prensa británica.
Según las revelaciones publicadas por el diario The Guardian, un investigador privado a sueldo del diario interceptó el buzón de voz del móvil de Milly Dowler, una niña de 13 años que desapareció en marzo de 2002 y apareció muerta seis meses después. Su asesino no fue descubierto hasta hace poco y condenado el mes pasado. El investigador no sólo interceptó los mensajes que entraban en el móvil de la niña, sino que cuando el buzón se llenó borró los más antiguos para que pudieran seguir grabándose nuevos mensajes.
Al hacer eso dieron a la familia de la niña falsas esperanzas de encontrarla con vida porque creyeron que era la propia Milly quien los había borrado. Y, además, destruyeron potenciales pruebas sobre el caso porque alguno de los mensajes borrados podía haber sido dejado por su asesino.
Las revelaciones suponen un salto cualitativo en el escándalo de las escuchas ilegales del News of The World, que hasta ahora habían afectado sobre todo a políticos y gente famosa, incluido el príncipe Guillermo, la modelo y actriz Sienna Millar o el actor Hugh Grant. El haber espiado a una niña desaparecida puede generar una ola de antipatía hacia los periódicos británicos de Murdoch, que controla The Sun, The Times y News of The World además de la televisión Sky, de la que ahora está intentando hacerse con el control absoluto.
En un comunicado dirigido a los empleados del grupo, Rebekah Brooks admite que las acusaciones "son tan horrorosas que parece difícil creerlas". "Tengo que deciros que me pone enferma que se diga que han pasado esas cosas. No solo porque era la directora del News of The World en ese momento sino porque, si las acusaciones son ciertas, sus efectos devastadores para la familia de Milly Dowler son imperdonables". Brooks promete que el grupo "perseguirá vigorosamente la verdad".
Desde que estalló el escándalo, en 2006, el grupo Murdoch ha intentado presentar las escuchas ilegales como una iniciativa aislada de un periodista, que fue condenado a dos años de cárcel en 2007 al igual que el investigador privado que las ejecutó materialmente. Pero con el tiempo ha ido tomando cada vez más cuerpo la impresión de que se trataba de una política sistemática y ya son varios los jefes de redacción que se han visto salpicados.
El asunto tiene también serias ramificaciones políticas por la pasividad con que durante años han actuado tanto la policía como la clase política, que ha puesto de relieve la dependencia mutua entre los periódicos de Murdoch y Scotland Yard y los partidos. Los laboristas pidieron ayer la dimisión de Rebekah Brooks y "una investigación pública sobre las ilegalidades en la industria periodística", pero durante los años de Tony Blair el laborismo se apoyó en el Sun y sus relaciones con Rupert Murdoch eran idílicas.
Las actuales revelaciones no son consecuencia de la tenacidad con la que Scotland Yard ha investigado el caso, sino la tenacidad de The Guardian, empeñado en demostrar que se trataba de una política sistemática de escuchas ilegales que podría afectar también a otros diarios. El dato del espionaje a la pobre Milly probablemente era conocido desde años por la policía, que en enero se vio obligada a reabrir las investigaciones que en su día ya había dado por cerradas.
