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El espionaje sigue vivo en Perú

El Gobierno y la fiscalía ordenan una investigación tras descubrirse que el teléfono privado de un periodista estaba intervenido

El Gobierno, el Parlamento y la fiscalía peruanos han dispuesto sendas investigaciones, después de que el diario El Comercio, uno de los más influyentes de Perú, denunciara el pasado fin de semana el hallazgo de un aparato de intercepción conectado a línea telefónica de la casa de su editor jefe de política, Juan Paredes Castro. "El Gobierno no tiene nada que ver con esto", se apresuró a declarar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.

El aparato fue descubierto a unos 400 metros del domicilio del periodista por los servicios de seguridad del periódico, que habitualmente realizan barridos electrónicos como medida de prevención. Se trata de un transmisor-receptor que, según el diario, "sería uno de los tipos que utilizarían agentes de Seguridad del Estado y empresas particulares que actúan clandestinamente". Tanto el ministro de Defensa como el del Interior han asegurado que ni la policía ni las fuerzas armadas poseen aparatos de esa clase y que no realizan escuchas telefónicas.

Todavía no se ha logrado determinar quiénes están detrás de este caso, que trae a la memoria los tiempos del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). La intercepción de líneas telefónicas de periodistas y opositores al régimen era una de las prácticas comunes de la red de espionaje montada por su asesor Vladimiro Montesinos. Unos tiempos en los que una medida de precaución habitual consistía en retirar las baterías de los teléfonos móviles antes de iniciar una conversación importante.

Parte de la herencia de ese régimen son los sofisticados equipos de intercepción —algunos de ellos se perdieron tras la caída del régimen, y nunca se encontraron— y un importante contingente de agentes de inteligencia ahora desempleados y que se teme trabajen para bandas delictivas, empresas de seguridad que realizan estos trabajos ilegales o vendiendo sus servicios al mejor postor. La inestabilidad laboral en los servicios de inteligencia no ayuda: después de la caída de Fujimori, el Consejo Nacional de Inteligencia peruano ha tenido nueve jefes en sólo ocho años, y de allí han salido despedidas, en ese mismo periodo, 754 personas. No obstante, se desconoce cuántos agentes de los tiempos de Fujimori y Montesinos están ahora en las calles. La comisión de inteligencia del Congreso ha iniciado una investigación al respecto.

No se descarta que los responsables sean agentes privados que pretendan comercializar la información obtenida por las escuchas. No es, en todo caso, la primera denuncia de espionaje posterior al régimen de Fujimori. Ya en 2003, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, la periodista de televisión Rosa María Palacios mostró un micrófono que había hallado conectado a su línea telefónica. Entonces se inició una investigación, que no arrojó resultados.

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