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Los estudiantes chilenos vuelven a las calles

Profesores y alumnos anuncian movilizaciones al inicio del debate en el Senado de la reforma educativa

Los profesores y estudiantes chilenos iniciarán esta semana nuevas jornadas de protesta para lograr que el Senado rechace la Ley General de Educación (LGE), cuya discusión comenzará en julio, después de su aprobación en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría. De ser ratificada, la LGE reemplazará a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada durante la dictadura. Sin embargo, maestros y alumnos aducen que la reforma no protege a la enseñanza pública y piden más recursos.

Las marchas estudiantiles en Chile siempre culminan con decenas e incluso cientos de detenidos por la policía militarizada de Carabineros, que se emplea a fondo con gases y agua para impedirlas. Son también frecuentes los desalojos policiales de los liceos y sedes universitarias tomados por los estudiantes, pero a los pocos días éstos vuelven a ocuparlos.

El Ministerio de Educación ha anunciado que habrá sanciones económicas para aquellos establecimientos que reciben recursos del Estado y apoyan las manifestaciones. Además, advierte que los estudiantes se arriesgan a tener que recuperar las clases perdidas en periodo de vacaciones.

El Colegio de Profesores, que reúne a los docentes de enseñanza básica y media, uno de los más poderosos del país, acordó el viernes pasado convocar un paro nacional en julio, sin fijar fecha todavía, al que invitarán a participar a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal unión sindical del país, y pidieron la dimisión de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, en rechazo a la tramitación en el Senado de la LGE.

Para mañana, día en que la LGE llega al Senado, los profesores han convocado una jornada de reflexión y marchas en las principales plazas del país.

En una carta a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el Colegio de Profesores pide el "fin del Estado subsidiario para que se retorne a un Estado responsable en la educación". Según ellos, mientras se mantenga el lucro como "motor del sistema" y los establecimientos reciban recursos de las municipalidades, se "mantiene la segregación de escuelas pobres y ricas, y también entre comunas pobres y ricas".

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El movimiento estudiantil, aunque intermitente, con días de paralización y otros de calma, y no generalizado en todos los establecimientos, comenzó en mayo y se ha extendido a muchos liceos financiados por el Estado en Santiago y otras provincias, y a varias de las mayores universidades estatales chilenas, donde los estudiantes demandan mayores recursos.

Pero el Gobierno no está dispuesto a ceder ni tiene demasiado margen para negociar frente a las peticiones. Si la LGE no fuera aprobada, sería necesario mantener la legislación de la dictadura, advierte La Moneda. La nueva ley apunta más a la calidad del sistema, con una fiscalización más rigurosa, la creación de una Agencia de Calidad y una Superintendencia y mayores requisitos para quienes reciben recursos estatales para administrar un colegio, llamados "sostenedores".

Una comisión con participación de todos los sectores, incluidos los profesores y estudiantes, estudió las posibles reformas educativas, pero éstas debieron ser negociadas en un acuerdo que incluyó a la derecha y fue ratificado por la presidenta y todos los partidos con presencia parlamentaria. Sin contar con las mayorías que exige el quórum para reformar una ley orgánica constitucional en ambas Cámaras, La Moneda ha debido aferrarse a este acuerdo como el único posible para terminar con la LOCE.

La principal oposición a la nueva LGE provino del ala izquierda de la coalición gobernante en la Cámara de Diputados, que exigió múltiples modificaciones orientadas a fortalecer la educación pública. Como la derecha no se avino a aceptarlas, Bachelet se comprometió a enviar un nuevo proyecto para el fortalecimiento del papel de la educación pública, logrando así su aprobación.

El Senado tendrá un mes para debatir la LGE, pero sometido a la presión social. La lucha se anticipa ardua, porque varios senadores han anticipado que la rechazarán o pedirán modificaciones, con el argumento que la Cámara Alta no puede desatender a la ciudadanía.

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