Un ex agente de Ruanda implica a su Gobierno en el asesinato de Kabila
Un testigo protegido detalla en la Audiencia Nacional el plan para matar al líder congoleño en 2001
El atentado que acabó con la vida de Laurent-Desiré Kabila, ex presidente de la República Democrática del Congo (RDC) tiroteado por uno de sus guardaespaldas el 16 de enero de 2001, fue organizado y sufragado por el Gobierno de Ruanda. Así lo declaró hace un mes un ex alto responsable de los servicios secretos de éste país ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha procesado por genocidio al presidente ruandés, Paul Kagame, y a otros 39 cargos de su Ejército a los que acusa de haber urdido el exterminio sistemático de la etnia hutu entre 1994 y 2000. Ésta presecución siguió a la que los tutsis (y hutus moderados) sufrieron de manos de radicales hutus en la primavera de 1994, que causó 800.000 muertes.
Espías ruandeses entregaron el dinero para cometer el magnicidio
El ex agente de Kagame ha prestado declaración bajo la condición de testigo protegido por el riesgo para su vida que puede implicar su testimonio. Su relato, según fuentes judiciales, detalló importantes actos de ingerencia ruandesa en Congo durante los últimos 14 años.
El último episodio de este desencuentro es la rebelión tutsi protagonizada ahora por el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y capitaneada por general tutsi Laurent N'Kunda. En esa revuelta, según un informe discutido el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, Ruanda juega un papel fundamental al participar en el reclutamiento de tropas y su equipamiento militar, y con el envío de oficiales a la región congoleña de Kivu Norte, donde la rebelión ha provocado hasta ahora la huída de 250.000 personas. Kagame, el presidente ruandés, lo niega sistemáticamente.
El testigo, que pasó el mes pasado por el despacho del juez Andreu, ofreció un relato muy detallado de cómo, hace casi ocho años, agentes secretos al servicio del Gobierno de Ruanda, presidido por el tutsi Kagame, líder del Frente Patriótico Ruandés (FPR), entregaron personalmente el dinero a personas del círculo del presidente Laurent Kabila para que organizaran el magnicidio. Esos mismos agentes al servicio de Kagame se comprometieron a facilitar la huida de los implicados a países europeos para evitar represalias tras el asesinato.
El mismo Gobierno que supuestamente financió la muerte de Kabila -al que sucedió su hijo Joseph- le ayudó a llegar al poder cinco años antes, en la guerra de 1996 que acabó con la dictadura de Mobutu Sese Seko. Ruanda apoyó económicamente entonces al movimiento que lo aupó como presidente, la Alianza para la Liberación Democrática de Congo-Zaire (ALDC). El enfrentamiento posterior entre los antiguos aliados se produjo, según el testigo, cuando Kabila, una vez en el poder, se deshizo de los cuadros militares tutsis que le habían ayudado e inició contactos comerciales con Rusia, China y Venezuela para la venta de materias primas como el oro o el coltán.
Durante la campaña que aupó a Kabila al Ejecutivo, siempre según el testigo protegido, Ruanda diseñó una estrategia de eliminación sistemática de la población hutu que huyó de ese país para instalarse en campos de refugiados de las regiones congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur después de que el Ejército Patriótico Ruandés (tutsi) de Kagame se hiciera con el Gobierno de Kigali.
El principal objetivo del plan, declaró el ex agente, era "matar el mayor número posible de hutus" o "su repatriación a Ruanda para ser encarcelados". En las operaciones militares indiscriminadas contra los campos de refugiados se llegó a utilizar "armamento pesado". Los que lograron escapar de las matanzas fueron perseguidos en su huída hacia el oeste de Congo a través de las ciudades de Kisangani y Ubundu hasta Mbandaka en la frontera occiental del país, donde cientos de ellos fueron masacrados en 1997.
En medio de esa estrategia supustamente genocida perdieron la vida los misioneros maristas españoles Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente, Miguel Ángel Isla y Servando Mayor, que trabajaban en el campo de refugiados de Nyamirangue, donde se apiñaban 30.000 hutus. Dos espías al servicio de Ruanda los señalaron como testigos de las masacres y un comando de cinco personas, presuntamente, los asesinó "para que no denunciaran las matanzas de las tropas ruandesas, según el testimonio del ex agente ruandés. Uno de los miembros de ese comando, según su relato, fue el general Eric Murokore, actualmente a las órdenes del líder de la rebelión tutsi Laurent N'Kunda.
