El ex ministro de Interior egipcio es condenado a 12 años de cárcel por blanqueo

El ex ministro de Interior egipcio Habib el Adly, símbolo de la represión del régimen de Hosni Mubarak ha sido condenado hoy a 12 años de cárcel por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito. El Adly se convierte así en el primero de los miembros del depuesto Gobierno en ser condenado. No le sirvió de nada a la defensa del exministro negar las acusaciones que la Fiscalía de la Seguridad de la Seguridad del Estado ha esgrimido en su contra durante las cuatro sesiones en las que se le ha juzgado.

Este órgano judicial acusaba a El Adly, ministro desde 1997, de haberse aprovechado de su posición para conseguir beneficios personales, entre octubre del 2010 y el pasado 7 de febrero. Finalmente se le ha encontrado culpable de haber utilizado a los funcionarios de su ministerio para vender un terreno privado, por el que obtuvo 4,85 millones de libras egipcias (unos 650.000 euros), de blanqueo de dinero y de enriquecimiento ilícito. Una sentencia que el ex titular de Interior podrá apelar.

Habib El Adly tiene además pendiente un juicio por el asesinato deliberado de 846 manifestantes durante los 18 días de protestas que acabaron con la caída de Hosni Mubarak el pasado 11 de febrero. El titular de Interior, era el máximo responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que protagonizaron la represión aquellos días, además de ser el máximo responsable del Amn el Dawla, la agencia secreta que usaba el régimen para detener y torturar. Los antidisturbios utilizaron fuego real contra los manifestantes cuyos cadáveres mostraban en su mayoría impactos de bala en la cabeza y en el pecho, según fuentes del Instituto Anatómico Forense egipcio.

La primera sesión del juicio por dichos cargos tuvo que ser suspendida después de que se impidiera la entrada en la sala de los juzgados a los médicos que durante la revuelta atendieron a los heridos. Los sanitarios organizaron hospitales de campaña que instalaron en mezquitas o en plena calle, en las inmediaciones de la plaza de Tahrir (donde se desarrollaron los disturbios). Además las familias de los fallecidos no pudieron acceder al lugar en el que se juzgaba a El Adly por falta de espacio e iniciaron una protesta en la entrada. La próxima sesión está prevista para el 21 de mayo.

Además de El Adly, también ha sido acusado de asesinato deliberado el expresidente Hosni Mubarak, que podría enfrentarse a la pena capital si es encontrado culpable de dichos cargos, según el ministro de Justicia, Abdelaziz al Juindy. "Si el crimen se demuestra, la Corte no vacilará en declarar la sentencia de muerte", advertía ayer al Juindy, en una entrevista en televisión. "Un juez podría tener misericordia si existiera una razón para eso, pero no creo que en este caso exista un argumento para pedir clemencia", agregó el ministro que calificó de "un crimen horrible, matar a 800 ciudadanos que pedían por sus derechos con la esperanza de derrocar a un régimen corrupto que provocó la ruina de Egipto".

El dictador egipcio también se enfrenta a cargos por corrupción y malversación de fondos del Estado. "Hay informes de que los bienes del ex presidente rondan los miles de millones, de hecho, son miles de millones", señaló el ministro. Sin embargo, "no podemos acertar la cantidad exacta, pero las investigaciones continúan". Esta semana el ministro de exteriores Suizo anunciaba que el ex presidente egipcio posee 415 millones de francos suizos (unos 320 millones de euros), en dicho país, que ya han sido congelados.

Desde la caída del rais, se está investigando por estas o similares causas, a los principales símbolos del antiguo régimen. Muchos de ellos están ya en prisión preventiva en la cárcel cairota de Tora y contra otros, como El Adly, ya han comenzado procesos judiciales. Además de Mubarak, se encuentran detenidos, sus dos hijos Gamal y Alaa, el secretario general del Partido Nacional Democrático, Safwat Sharif, y el presidente del Parlamento, Fathi Sorour, además del jefe del gabinete presidencial, Zakaria Azmi.

Egipto empieza así poco a poco a construir el camino hacia una transición democrática. Gobernado por la Junta Militar desde la caída de Mubarak, Mohamed Hussein Tantawi, ministro de Defensa y cabeza del Consejo, ha abierto un proceso que culminará con la elección de un nuevo presidente a final de año. Tras limpiar el Gabinete, y poner en prisión a los responsables de la matanza contra los manifestantes y el expolio de las arcas públicas, nombró nuevo primer ministro a Essam Sharaf. El pasado 19 de marzo se aprobó en referendo por un 77'6% (del 40% del electorado), una reforma constitucional elaborada por un comité de sabios y se ha promulgado una nueva ley de partidos políticos que permitirá celebrar elecciones parlamentarias en septiembre.

El engranaje político ha empezado a moverse en todos los estamentos del país. Desde los comunistas a los socialistas pasando por los islamistas Hermanos Musulmanes, todas las tendencias han comenzado a formar partidos. Mohamed El Baradei, exdirector de la Agencia Internacional para la Energía Atómica y premio nobel de la Paz y Amr Moussa, secretario general de la Liga Árabe, han sido los primeros en postularse para presidir el primer Gobierno democrático egipcio. Mientras, otros miembros de la oposición como Ayman Nour o Hamdeen Sabahy podrán ver al fin colmadas sus aspiraciones después de haber visitado las cárceles de su país por intentar plantar cara al omnipotente faraón.

El Partido de la Libertad y la Justicia es la nueva formación que los Hermanos Musulmanes han presentado para entrar a participar a la escena democrática. Tienen previsto presentar candidatos a las elecciones parlamentarias de septiembre para hacerse con al menos un 50% de los escaños. Sin embargo, no presentarán ningún candidato a las presidenciales. Hasta las pasadas elecciones, celebradas en diciembre de 2010 y marcadas por el fraude, los Hermanos eran la principal fuerza opositora de la Cámara Baja. Habían conseguido hacerse con el 20% de los asientos presentándose como independientes a pesar de estar ilegalizados.

Los movimientos sociales tampoco se han hecho esperar. Hay huelgas y manifestaciones a diario frente al Parlamento o a los ministerios, a pesar de la promulgación de una ley, no exenta de críticas, que las prohíbe expresamente. A pesar de ello, el pasado 1 de mayo durante la celebración de la festividad de los trabajadores, miles de personas acudieron a la plaza de Tahrir para reclamar un incremento del salario base (de 50 a 150 euros mensuales), y pedir que muchas de las empresas que el Gobierno vendió por debajo de su precio real a empresas extranjeras, vuelvan al poder del Estado. Ese mismo día se presentó en sociedad el Partido de los Trabajadores.