Un expolio revelado

Todo se presenta con apariencia de legalidad y bajo el paraguas de las sacrosantas razones de seguridad. Pero las sentencias del Tribunal Supremo israelí saltan en pedazos cuando los colonos de la Cisjordania ocupada, con el apoyo descarado de los Gobiernos de turno, andan por medio. Lo ha establecido un documento oficial israelí: más del 33% de las tierras en las que se han construido los asentamientos fueron confiscadas temporalmente por razones de seguridad, lo que, según la legislación israelí, impide que se puedan edificar colonias. Más aún. Eran predios de propiedad privada de palestinos. El concepto de temporalidad se interpreta de modo evidentemente laxo, porque el expolio dura ya 30 años, y afecta, según informa la ONG Paz Ahora, a 44 de las 120 colonias de Cisjordania, algunas de ellas de las más pobladas.

Desde hace un año Paz Ahora ha librado una batalla en los tribunales para que el Ministerio de Defensa entregara los informes que había elaborado sobre los campos de cultivo arrebatados a los campesinos palestinos. Casi nadie lo ignoraba. Las denuncias de varias ONG han sido constantes desde hace años. Sin embargo, los datos revelados ahora proceden de la Administración Civil, un organismo regido por militares a cargo de los asuntos concernientes a los asentamientos en Cisjordania.

En 1967, tras la guerra de los Seis Días, arrancó la empresa colonial en Cisjordania, y 120 asentamientos han florecido hasta la fecha. Sin contar las colonias salvajes, que nacen siguiendo un patrón que se repite hasta hoy día. Sin necesidad de retroceder más en el tiempo, sucedió el pasado miércoles en Maskiyot, en la ribera del río Jordán: un grupo de fanáticos religiosos judíos coloca unas caravanas en cualquier colina de Cisjordania; poco tiempo después disponen de tendido eléctrico. Más tarde, de suministro de agua. Y todo con el beneplácito de un Ejército que no deja pasar una en el territorio ocupado, siempre que se trate de palestinos. Son incontables las denuncias de organizaciones como Rabinos por los derechos Humanos, porque los colonos talan además los olivos de los campos cercanos y agraden a su antojo a los labriegos árabes.

Hasta finales de los años setenta del siglo pasado, la mayoría de los asentamientos eran levantados en tierras tomadas por el Ejército. En 1979, el Gobierno conservador de Menahem Begin decretó que la construcción de colonias o la ampliación de los existentes sólo podrían ejecutarse en terrenos de propiedad estatal, que ya es mucho decir en territorio ocupado, y en ningún caso por motivos de seguridad. La decisión siguió a un fallo del Supremo que prohibió la expropiación de unas fincas para la colonia de Elon Moreh, cerca de Nablus, porque no se apreciaba la "necesidad para la seguridadç" del Estado. Pero cuando de los religiosos sionistas se trata, ni las propias leyes israelíes tienen vigencia.

Desde esa orden adoptada por Begin, al menos a 19 de las 44 colonias de Cisjordania han sido creadas en predios que no pertenecían al Estado y que se confiscaron por razones de seguridad. "Estos datos prueban que el robo sistemático de tierras con el propósito de establecer asentamientos fue llevado a cabo mediante el uso ficticio y completamente ilegal del término 'necesidades militares", afirma el abogado Michel Sfarad. "La ocultación de esta información durante todos estos años demuestra que las autoridades sabían que estaban cometiendo actos ilegales".

El propio Ejército admite la violación de las normas: "A comienzos de los años ochenta, algunos enclaves se alzaron para las bases militares y en varios casos se convirtieron después en asentamientos. En algunas ocasiones se confiscaron tierras para construir carreteras o edificios en las colonias existentes". Los motivos de seguridad aducidos no dejan de ser, a juicio de los demandantes, más que un simple subterfugio para extender la aventura colonial. "Los asentamientos", afirma Paz Ahora, "son una pesada carga en la que el Ejército debe invertir mucha mano de obra y recursos financieros para asegurar su construcción y las infraestructuras de acceso".

El tema es de la máxima relevancia y una de las materias más peliagudas en la incipiente negociación entre palestinos e israelíes. Hasta tal punto que el Ministerio de Defensa se ha opuesto tajantemente durante más de un año a que se diera a conocer el documento de la Administración Civil. "La publicación de esa información puede dañar la seguridad del Estado y las relaciones internacionales de Israel", alegó el ministerio ante el tribunal. Los tenaces letrados israelíes, que defienden los derechos de los propietarios palestinos y que han revelado los polémicos datos, discrepan: "El argumento de que ello afectaría a las relaciones diplomáticas de Israel es particularmente ridículo, dado que para todos los países del mundo la empresa de los asentamientos es en cualquier caso ilegal e ilegítima".