Un fiscal español vincula a la mafia rusa con el Kremlin
Grinda cree que estos grupos controlan el sector del aluminio
El fiscal español contra la corrupción y el crimen organizado, José Grinda, vinculó a la mafia rusa con los servicios secretos dependientes del Kremlin. Lo hizo en una reunión a puerta cerrada de expertos hispano-estadounidenses en 2008 en Madrid. Durante el encuentro efectuó comentarios "perspicaces y valiosos" sobre estas bandas. Y señaló que España "es el brazo ejecutor del Gobierno de EE UU contra la mafia rusa". "Grinda declaró que él consideraba a Bielorrusia, Chechenia y Rusia como "virtuales Estados mafiosos", señala uno de los cables filtrados del Departamento de Estado.
Grinda participó en la persecución del georgiano Zahkar Kalashov, considerado vozr v zakone (ladrón de ley, el más alto grado entre la jefatura de las redes criminales rusas). Encarcelado en España en el verano de 2006, este fiscal le acusó en 2009 de ser uno de los tipos "con mayor influencia en la criminalidad gestada en la antigua URSS" y de blanquear en España "grandes sumas de dinero". Kalashov está en prisión hasta que el Supremo resuelva sus recursos.
Grinda sugirió que hay dos razones para preocuparse por la mafia rusa. La primera, porque ejerce un "tremendo control" sobre sectores estratégicos de la economía global, tales como el aluminio. Comentó de pasada la sospecha de que la mafia rusa tiene inversiones en la empresa General Motors a través de la canadiense Motors International. La segunda preocupación es la pregunta sin respuesta acerca de hasta qué punto el primer ministro Vladímir Putin está implicado en la mafia rusa y si controla las acciones de estas organizaciones.
Citó una "tesis" de Alexander Litvinenko, el espía ruso que en 2006 murió envenenado en Londres, respecto a que los servicios secretos y de seguridad rusos -el Federal Security Service (FSB), el Foreign Intelligence Service (SVR) y la inteligencia militar (GRU)- controlan los grupos criminales. Expresó su opinión de que esta tesis es "exacta". El fiscal cree que el FSB está "absorbiendo" la mafia rusa, pero que este servicio secreto también puede eliminar a estas bandas mediante dos procedimientos: asesinando a los jefes de los grupos delictivos que no hacen lo que los servicios de seguridad quieren o bien poniéndolos entre rejas para eliminarlos como competidores, aunque también podrían ser encarcelados por su propia seguridad.
"Sin testigos ni grabadoras"
Grinda aseveró que según la información que ha recibido de los servicios de inteligencia -"sin testigos ni grabadoras"- ciertos partidos políticos operan en Rusia "mano a mano" con el crimen organizado. Por ejemplo, dijo que el Liberal Democratic Party (LDP) fue creado por el extinto KGB (Comité para la Seguridad del Estado) y su sucesor (el SVR) y en la actualidad acoge en la actualidad a importantes delincuentes. Recalcó que hay vínculos probados entre partidos políticos rusos y el tráfico de armas.
Sin dar más detalles, aludió al extraño caso del barco Artic Sea como "un claro ejemplo" de tráfico de armas. EL mercante finlandés Artic Sea, que llevaba un cargamento de madera valorado en 1,3 millones de euros, desapareció a mediados de 2009 en el canal de la Mancha en julio del año pasado y fue localizado dos semanas después cerca de Cabo Verde. [El Gobierno ruso desmintió en su día esa información].
El fiscal siguió diciendo que llevaba leyendo desde hace 10 o 12 años valiosas investigaciones que apuntalan la sospecha de que los estos grupos delictivos pretenden complementar las estructuras del Estado, mientras que los terroristas tienen el objetivo de sustituir al núcleo del Estado. Resumió sus opiniones aseverando que la estrategia del Gobierno ruso es usar a los grupos criminales para hacer lo que no es aceptable que haga el Gobierno. Llegado este punto, volvió a mencionar a Kalashov, del que dijo que trabajó para los servicios de inteligencia militar rusa para vender armas a los kurdos con el fin de desestabilizar a Turquía.
El Gobierno ruso lleva las relaciones con los líderes del crimen organizado más allá de garantizarles los privilegios políticos, con el fin de asegurarles la inmunidad de sus delitos. Por ejemplo, Gennadios Petrov, el supuesto capo detenido en la Operación Troika, estuvo implicado en una "peligrosa" relación con altos funcionarios rusos. El fiscal se quejó de la poca colaboración de las autoridades rusas en el combate contra estos grupos mafiosos y lo ilustró con una frase: " Una virtud del Gobierno ruso es que siempre dice y hace lo mismo: nada". Según él, España está empezando a colaborar con Francia en estos asuntos, pero denunció la falta de cooperación del Reino Unido.
Grinda resaltó que los mafiosos suelen disponer de los mejores abogados del país, señalando retóricamente: "¿Por qué Cuatrecasas defiende constantemente a miembros de la mafia rusa?". [Cuatrecases es uno de los bufetes más caros y prestigiosos de España].
60 sospechosos detenidos
En otro informe de la Embajada se resalta que el Gobierno español ha culminado dos de las mayores operaciones contra la mafia rusa: la Operación Troika (2008-2009) y la Operación Avispa (2005-2007), que culminaron con la detención de 60 sospechosos, entre ellos cuatro de los más importantes jefes de estas organizaciones fuera de Rusia: Gennadios Petrov, Alexander Malyshev, Vitaly Izguiloz y Zahkar Kalashov. "España sostiene que hay más capos encarcelados en este país que en cualquier otro fuera de Rusia". "Moscú está interesado en saber con exactitud qué evidencias posee España [sobre los capos], por lo que ha enviado investigadores para reunirse con policías españoles al menos en 12 ocasiones desde que se produjo la Operación Troika".
El documento diplomático hace referencia a los esfuerzos de los criminales por sobornar a la justicia y cómo en el caso de los implicados en la Operación Avispa hubo "una sistemática campaña encaminada a manipular al sistema judicial español para tratar de exonerar a Kalashov". En otra ocasión, otros objetivos de la redada, como el abogado de Kalashov y el ucranio Oleg Voronstov, consejero electoral del ex presidente ruso Boris Yelsin, se confabularon para tratar de influir en los jueces y policías implicados en el caso mediante el intercambio de regalos y favores.
Entre los documentos conocidos ahora hay otro en el que se recoge otra conversación mantenida a finales del año pasado entre diplomáticos de Estados Unidos y Fernando Bermejo, fiscal Antidroga y contra el crimen organizado en Barcelona. Éste, según ese cable, resaltó que Cataluña es una importante base del amplio entramado de lavado de dinero de la mafia rusa y que muchos miembros de estos clanes criminales están activos en esa región. Recordó que él dirigió la investigación contra Eduard Planells, ex subdelegado del Gobierno en Cataluña acusado de ayudar a implicados en la Operación Avispa.
Puedes contactar en Eskup con el autor del artículo, Jesús Duva. | Comenta esta noticia en la red social de EL PAÍS | La mayor filtración de la historia | Preguntas y respuestas | Ir al especial
