El fiscal pide el procesamiento de 40 personas del entorno de Lula

El fiscal general de la República, Antonio Fernando de Souza, ha pedido al Tribunal Supremo federal que sean enjuiciados 40 de los personajes que aparecen ligados al escándalo por presunta corrupción del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su partido, el PT (Partido de los Trabajadores). Entre ellos figuran tres ex ministros de Lula, toda la vieja cúpula del PT, empresarios y banqueros.

La petición del fiscal se hace sobre la base de las indicaciones de la comisión de investigación del Parlamento y del Senado, que durante 10 meses ha investigado el escándalo.

Las acusaciones no pueden ser más graves: "Corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, gestión fraudulenta y otras formas de fraude". Y no se trata de delitos individuales. Según Souza, "los presuntos delitos son producto de una sofisticada organización criminal que se estructuró profesionalmente para negociar apoyos políticos, pagar deudas del PT y costear gastos de campañas electorales y otros gastos del ese partido y de sus aliados".

Esa organización criminal tenía como finalidad, afirma el fiscal, "garantizar la continuidad del PT en el poder". El informe apunta a que el "jefe de la cuadrilla" y responsable de su organización era el ex ministro José Dirceu, considerado en su tiempo como el todopoderoso primer ministro de Lula. Junto con él, los grandes organizadores fueron los integrantes de la entonces cúpula del PT: su presidente, José Genoiono; su secretario general, Silvio Pereira, y su tesorero general, Delubio Soares.

Los otros dos ministros para los que se pide el procesamiento son Luiz Gushinken, ex ministro de la Secretaría de Comunicación, y Anderson Adauto, ex ministro de Transportes. Figuran también 13 diputados, entre ellos el ex presidente del Parlamento, João Paulo Cunha. Entre los empresarios figura a la cabeza el ya legendario Marcos Valerio, considerado el gran mecenas del PT, que obtenía millones consiguiendo ilícitamente obras y prebendas para bancos e instituciones estatales, que a su vez pasaban dinero al PT.

Graves acusaciones

Las acusaciones son de las más graves realizadas en el mundo político de este país desde hace décadas. Fuera han quedado el presidente Lula y su hijo Luis da Silva, gracias a un acuerdo político para preservar una figura carismática y popular como la del ex tornero. Una acusación directa contra él -que no podía ignorar un entramado de tales proporciones con su ex primer ministro de protagonista- podría poner en pie a los movimientos sociales y dañar la economía, que es lo que mejor funciona del Gobierno, a pesar de la caída del superministro Antonio Palocci, alcanzado por otro caso de corrupción.

El fiscal general ha anunciado que se trata sólo de una primera parte y que a las acusaciones podrían seguir más. Incluso varios diputados a los que absolvió el pleno pleno de la Cámara han sido igualmente incriminados.