La fiscalía hondureña pide la detención de los militares golpistas
El Congreso debatirá el lunes una amnistía para todos los implicados y que permitiría a Zelaya salir del país
El Ministerio Público de Honduras pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso. El anuncio coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para América Latina de Estados Unidos, Craig Kelly, que se ha reunido con el trío de presidentes que protagoniza la crisis, el derrocado, Zelaya, el golpista, Roberto Micheletti, y el electo, Porfirio Lobo, que tomará posesión de su cargo el próximo día 27.
Esta iniciativa fiscal puede tener, sin embargo, un recorrido limitado, pues el Congreso Nacional tiene pendiente discutir el próximo lunes una amnistía política para los involucrados en la crisis, que permitiría la salida del país de Zelaya, refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre, y la retirada de cualquier cargo contra los militares involucrados en el golpe de Estado. La Corte Suprema se pronunció en noviembre pasado contra la restitución de Zelaya en la presidencia, a menos que se sometiera a los juicios pendientes contra él. El presidente depuesto, acusado de violar la Constitución para intentar reelegirse, se enfrenta a seis cargos, entre ellos el de alta traición.
Un enviado de EE UU se reúne por separado con Zelaya, Micheletti y Lobo
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó a periodistas que ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
Salgado explicó que presentó el recurso ante la Corte Suprema al tratarse de "altos funcionarios" del Estado, y que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya a Costa Rica el 28 de junio, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder. La Corte Suprema deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
El general Vázquez dijo a medios locales desde San Pedro Sula (norte) que desconocía la acción de la fiscalía, pero que está dispuesto a presentarse ante la justicia. Ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.
Desde la embajada de Brasil, Zelaya declaró ayer que la acción de la fiscalía pretende "poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio". El presidente depuesto, que recibió el martes la visita del enviado de EE UU, Kelly, en la legación, afirmó que Washington "no tiene la fuerza" necesaria para sacar del cargo a Micheletti. "Estados Unidos está luchando porque Micheletti salga de la presidencia antes de la toma de posesión [de Porfirio Lobo]; sin embargo, él se ha encaprichado, se ha negado y les ha dicho que ya está subido en el caballo, con las espuelas puestas y con el freno, y de allí no lo baja absolutamente nadie".
Porfirio Lobo, ganador de las elecciones del 29 de noviembre, declaró, tras reunirse el martes con Kelly, que EE UU quiere que a más tardar el día 15 Micheletti deje el cargo y quede "la mesa limpia". Sin embargo, el canciller del Gobierno de facto, Carlos López, aseguró que durante las dos horas y media que Kelly y Micheletti estuvieron ayer reunidos en la Casa Presidencial, "no se abordó" la eventual renuncia del presidente golpista, y que éste no piensa entregar el poder hasta la investidura de Lobo, el día 27.
