Cuando gran jefe blanco habla con lengua de víbora
Ministros y fiscales alardearon de apoyar a los Couso, pero les engañaron
Nadie como los políticos para susurrarte a la oreja lo que quieres oír. Nunca alguien que ha sufrido una gran injusticia se queda sin ser recibido por el presidente o ministro de turno y siempre recibe el consuelo con las palabras que desea oír, aunque casi siempre le parezcan un poco tibias. ¿Se acuerdan del padre de la niña Mari Luz?
José Couso, cámara de Tele 5, murió en Irak el 8 de abril de 2003 por el disparo de un tanque estadounidense cuando se encontraba en el piso 15º del Hotel Palestina, desde donde cubría informativamente la toma de Bagdad por las tropas norteamericanas. Fue un disparo alevoso, para amedrentar a los medios, puesto que solo la prensa internacional se alojaba allí y no había francotiradores, como declararon los testigos. En España, mandaba Aznar, y los del PSOE se indignaron por el asesinato.
La familia de Couso presentó una querella por un crimen que vulneraba las leyes de la guerra establecidas en las convenciones de Ginebra al disparar sobre civiles no combatientes. España debía investigar el caso para evitar la impunidad porque ni en el lugar de los hechos, Bagdad, ni en el país de los autores, Estados Unidos, se había abierto proceso alguno.
Sin embargo, desde el primer momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cuyo frente estaba Eduardo Fungairiño, se opuso a que el caso se pudiera tramitar en España y a la persecución de los autores.
Pero tras las elecciones de 2004, el PSOE llegó al poder y poco después Zapatero retiró las tropas de Irak. Las cosas parecían pintar de otra manera para los Couso. Juan Fernando López Aguilar fue nombrado ministro de Justicia y Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, y ya desde 2005 expresaron la "solidaridad del Gobierno", el primero, y el "apoyo y solidaridad con la lucha de los familiares de Couso en el esclarecimiento de la verdad y para determinar las responsabilidades de su fallecimiento", el segundo.
Mientras, la querella seguía su curso en la Audiencia con la preocupación de los estadounidenses. Hasta cuatro jueces reclamaron colaboración judicial para interrogar a los tres militares ?el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp? autores del disparo que mató al cámara de Tele 5 con resultado negativo. Un funcionario del Departamento de Estado llegó a decir que "hará frío, mucho frío en el infierno" antes de que los militares sean interrogados en España.
En los dos años siguientes, López Aguilar y Conde-Pumpido explicaron en encuentros con periodistas y con familiares de Couso en qué consistía su apoyo. El entonces ministro destacó que acataría la decisión de los jueces y no se opondría si se pedía la extradición de los militares. El fiscal llegó a asegurar a la madre y el hermano de Couso que haría "todo lo que estuviera en su mano" para que continuase abierto el proceso judicial de la Audiencia.
Los documentos de Wikileaks han revelado que la Embajada norteamericana en Madrid no entendió exactamente lo mismo. Por eso, en sus cables confidenciales informaba de que "los ministros están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención" de los militares. Y agregaba que López Aguilar había dicho que el Ejecutivo pondría "todo su empeño en cuestionar la decisión del juez, basándose en argumentos técnicos". En otro cable, el embajador añadía que Conde-Pumpido le había dicho que hacía "todo lo posible" para que el caso se archivara.
A la vista de lo expuesto, o a López Aguilar y Conde-Pumpido no se les entendió o a alguien no le dijeron la verdad. Aunque todo parece indicar que al fiscal general y al ex ministro les es de aplicación aquella frase que decían los indios en las películas del Oeste: "Gran jefe blanco habla con lengua de víbora".
Ahora, espero con delectación el momento en que Wikileaks revele la conversación entre la ex ministra de Exteriores de Israel Tzipi Livni y su entonces colega Miguel Ángel Moratinos sobre lo intolerable que era que un juez español persiguiera a altos cargos israelíes por crímenes contra la humanidad en Gaza. Fue Livni y no Moratinos quien informó a sus ciudadanos, y de paso a los españoles, de que España iba a rebajar drásticamente su legislación sobre jurisdicción universal, como así fue. Seguro que fue una juerga.
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