"La impunidad sigue estando en el centro de la crisis de derechos humanos en Colombia"

"El 26 de mayo de 2008, miembros del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Nariño mataron a tiros a Willinton Riascos en el caserío de Bocas del Canal, en el municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño, después de que desobedeciera su orden de 'nadie corra, todos al piso', cuando entraron en la aldea. Luego empezaron a golpear a su compañero, un hombre conocido como El Pipe, con la culata de sus armas. Los paramilitares se llevaron a El Pipe en un barco en dirección a un campamento paramilitar situado a cinco minutos de un puesto permanente del ejército operado por el batallón fluvial de Infantería de Marina 70. En el momento de redactar este informe no se habían recibido más noticias del paradero de El Pipe".

Éste es tan solo uno de las decenas de casos que presenta Amnistía Internacional (AI) en lo que ha calificado como el informe "más exhaustivo en materia de derechos humanos" que se haya realizado sobre Colombia hasta la fecha, titulado "¡Déjennos en paz!", y que refleja parte de la situación de la población civil frente al conflicto armado que sacude al país desde hace más de cuatro décadas.

Según AI, si bien ha habido mejoras en algunos indicadores, como la toma de rehenes y los homicidios de civiles, los desplazamientos forzados, las desapariciones y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos por parte de los grupos guerrilleros y de los paramilitares ha empeorado.

"El Gobierno colombiano niega el conflicto armado y muestra una imagen optimista de que el país ha dejado atrás su pasado sangriento", ha dicho Marcelo Pollack, investigador del secretariado Internacional de AI para Colombia. "La impunidad sigue estando en el centro de la crisis de derechos humanos en el país, ya que la mayoría de los responsables no han sido llevados ante la justicia".

Denuncia que si bien se ha producido el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, aún hay numerosos grupos de paramilitares amedrentando y acosando a los colombianos en muchas zonas del país.

Imagen distorsionada

"14 de junio de 2008, miembros de las Autodefensas Campesinas de Nariño regresaron a la vereda San José de la Turbia. Separaron a los hombres de las mujeres y obligaron a ambos grupos a permanecer de pie delante de la iglesia. Les advirtieron que la armada colombiana estaba cerca y que trabajaba con ellos. Después pronunciaron el nombre de un miembro de la comunidad, Tailor Ortiz. Cuando él levantó la mano, los paramilitares dijeron: 'A éste lo matamos ya'. Lo ataron y después de ordenar a todas las mujeres que volvieran a sus casas, incluida la esposa de Tailor Ortiz, le dispararon tres tiros en la cabeza. Después se dirigieron a los presentes: 'Esto es para que aprendan que no estamos jugando con nadie, hablamos en serio. Cada vez que vengamos vendremos por alguien más'. El 15 de junio, la mayoría de las 111 familias que vivían en San José de la Turbia se marcharon de la zona temiendo por su seguridad. En el momento de redactar este informe, ninguna de ellas había podido retornar a su hogar".

Algunas de las cifras desveladas por AI son desalentadoras: En la primera mitad de 2008, unas 270.000 personas han sufrido el desplazamiento forzado, un 41% más que en el mismo período de 2007; entre enero y mayo de este año han sido secuestradas 188 personas; en 2007 hubo 884 víctimas de minas terrestres de las cuales 193 murieron producto de las heridas. Según informes internacionales, Colombia es el país con más víctimas de minas terrestres antipersonal del mundo.

"El presidente de Colombia afirma que el paramilitarismo ya no existe, pero investigaciones de AI en los departamentos de Chocó, Arauca, Antioquia, Meta, Putumayo, nos dicen lo contrario", ha asegurado Esteban Beltrán, director de AI en España. "El Gobierno de Colombia está distorsionando la situación de los derechos humanos y dando una imagen muy optimista", insiste.

Ayuda internacional

"El 7 de noviembre de 2007, las FARC secuestraron a Bonifacio Caicedo Valores, de la comunidad de Tangí, a orillas del Río Atrato, en el departamento del Chocó. El hecho tuvo lugar tras el secuestro por las FARC de dos dirigentes de la misma comunidad en agosto de 2007; ambos fueron liberados a los pocos días. El 11 de noviembre, como consecuencia de estos secuestros, se produjo el desplazamiento masivo de 674 personas de Tanguí y de 82 de la vecina comunidad afrodescendiente de Paina a la ciudad de Quibdó, entre ellas 300 menores"

AI pide a la comunidad internacional, y en especial al Gobierno español que exija a Colombia que cumpla con la hoja de ruta de Naciones Unidas para la mejora de la situación de los derechos humanos, recomendaciones ofrecidas algunas de ellas hace más de una década y que aún no se han implementado. Asimismo, que el Gobierno español facilite y no bloquee en la Unión Europea un análisis de la situación de Colombia y así determinar si el país debe estar o no en la lista de naciones violadoras de estos derechos y que siga apoyando y destacando la labor de los defensores y sindicalistas que luchan por estos derechos.

Según Pollack, "el Gobierno español no cuestiona la situación de los derechos humanos y debe cambiar de posición". "Si no se reconoce el problema no habrá solución". Al ser consultado por ELPAÍS.com sobre la reacción del Gobierno de Uribe a este informe, Pollack ha dicho que se envió la semana pasada al presidente, a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al ministro de Exteriores, Jaime Bermúdez, y aún no han recibido una respuesta oficial hasta ahora.

En España, ha dicho, están organizando una reunión lo antes posible con altos cargos del Gobierno y van a organizar una campaña de solidaridad a nivel nacional para una toma de conciencia de las recomendaciones que se plantean en el informe.