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Los indígenas levantan el bloqueo en la frontera entre Perú y Bolivia

Los manifestantes rechazaban desde hace 42 días la concesión de una explotación minera

Los indígenas han levantado hoy el bloqueo que mantenían en el sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia, tras 42 días de protesta en rechazo a las concesiones mineras otorgadas en esa zona, que según los manifestantes pueden ocasionar graves daños al medio ambiente.

El paso fronterizo de Desaguadero, principal punto fronterizo entre Perú y Bolivia, ha reabierto y la situación es de total normalidad, según fuentes policiales de la región, que afirmaron que el tráfico de vehículos "es fluido en los dos sentidos, y la actividad comercial ha retomado los niveles habituales".

Los campesinos mantuvieron bloqueadas las principales vías de acceso en el departamento de Puno, perjudicando el intercambio comercial con Bolivia. Los cortes se extendieron a otras localidades de importancia turística en Perú, como Yunguyo y los poblados que rodean el conocido lago Titicaca.

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Las intensas protestas lograron finalmente que el Gobierno de Alan García accediera a las exigencias de las comunidades aymaras de la zona sur de Perú, revocando el pasado viernes la concesión minera a la empresa canadiense Bear Creek. La compañía tenía previsto invertir más de 70 millones de dólares para explotar unos cinco millones de onzas de plata en el próximo lustro provenientes de la mina Santa Ana.

A partir de ahora, las compañías mineras tendrán la obligación de consultar a los indígenas sobre el desarrollo de nuevos proyectos mineros o petroleros, según medios locales. Pero, además, el Ministerio de Energía y Minas de Perú emitió un decreto en el que declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria, la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis, y dos resoluciones que prohíben el uso ilegal o informal de equipos de extracción en yacimientos ubicados cerca de ríos en cuatro provincias.

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La situación en Puno se tornó violenta cuando el Gobierno de García envió agentes a la zona en conflicto para intentar dispersar la manifestación a la fuerza. Estos hechos dejaron un saldo de cinco muertos y más de 30 heridos.

La crisis en Puno se desató en plena campaña presidencial para la segunda vuelta celebrada el pasado 5 de junio, en la que resultó ganador el nacionalista Ollanta Humala, quien el próximo 28 de julio asumirá el poder. Humala descartó que la situación en Puno haya tenido alguna motivación política, al tiempo que instó a García a poner fin a la crisis en esa región, por ser todavía el presidente de Perú.

"En Puno están pidiendo que se resuelva un problema concreto, que no lo hemos creado nosotros. Es una responsabilidad constitucional del actual Gobierno resolver los problemas hasta el día 28 de julio, en que termina su mandato", aclaró en declaraciones a los medios.

La Cámara de Comercio de Puno, departamento más afectado por los movimientos de protesta, se reunió ayer para evaluar el impacto de las pérdidas ocasionadas por las huelgas y bloqueos. El pasado viernes, la Cámara de Turismo de la región hizo una evaluación preliminar que calculaba unas pérdidas de 100 millones de dólares, y su presidente, Rafael Quiñones, afirmó que el movimiento de turismo en la región (que llega principalmente para visitar el lago Titicaca) había bajado de 1.000 a 100 visitantes diarios.

Manifestación el sábado en Juliaca, en la frontera entre Perú y Bolivia
Manifestación el sábado en Juliaca, en la frontera entre Perú y BoliviaAFP

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