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Un informe internacional acusa a Marruecos de torturas en el Sáhara

Human Rights Watch pide que la ONU vigile la ex colonia española

"Me colocaron en una habitación y los policías me ataron las manos y los pies mientras Kamouri me pegaba con una manguera" y hacía preguntas. "Empujaron mi cabeza contra el armario de metal hasta que sangré y perdí en parte el conocimiento. Después uno llamado Rabi, de la Dirección de Supervisión del Territorio [DST, policía secreta marroquí] vino y dijo: 'No es la primera vez que estás aquí' y me golpeó la boca partiendo mis labios".

Ngilla el Hawasi, una joven saharaui de 16 años, hizo este relato de su detención e interrogatorios, el 21 de febrero de 2007, tras una manifestación pacífica en El Aaiún a favor de la independencia del Sáhara Occidental en la que se enarbolaron banderas del Frente Polisario.

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Omar Chtouki tenía también 16 años cuando fue detenido, junto con otros tres chavales, por participar en una sentada en la calle Boukraa, de El Aaiún, el 17 de febrero de 2007. "Nos condujeron al Oued es Saguia, cerca de la presa", recuerda. "Nos quitaron la ropa y sumergieron mi cabeza en el agua". Después, en la comisaría, a Chtouki y otros detenidos les "engancharon para someterles al avión" [el detenido es atado a una cruz de madera apoyada en un pivote]. "Me golpeaban con un cable y me seguían interrogando (...)". "¿Qué vas a hacer para acabar con este dolor de cabeza?", le preguntó un agente. "Si quieres puedes trabajar con nosotros. Si te niegas, puedes irte a España", le advirtió el policía.

Human Rights Watch (HRW), una de las más prestigiosas ONG de defensa de los derechos humanos, recoge estos testimonios, junto con otros muchos, en un informe que presentó ayer sobre la situación en la antigua colonia española y, por primera vez, en los campamentos de refugiados saharauis situados cerca de Tinduf (suroeste de Argelia), que controla el Frente Polisario. En ambos territorios pudo recabar información en condiciones satisfactorias. En sus conclusiones urge a la ONU a tomar cartas en el asunto.

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Pese a que el documento es crítico con Marruecos y relativamente benévolo con el Polisario, HRW fue autorizada a presentarlo en un hotel de Rabat. Convocó una multitudinaria y tensa conferencia de prensa a la que asistieron periodistas locales, saharauis promarroquíes, responsables de las principales ONG de defensa de derechos humanos de Marruecos y diplomáticos. Los informes sobre el Sáhara son escasos y además no siempre salen a la luz. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos elaboró en 2006 un estudio que nunca se hizo público a causa del veto de Marruecos. Funcionarios de la organización lo filtraron, no obstante, a la prensa.

El informe de HRW aporta una novedad. Da los nombres de los tres policías a los que "muchas víctimas saharauis de la violencia policial" en El Aaiún atribuyen "las palizas y torturas" que padecieron hasta 2007: Ichi Abou Lhancen, Mustafa Kamour y Anouch Aziz. Dos de ellos ya no están destinados en la capital del Sáhara. Todos ellos "han sido objeto de numerosas denuncias" formuladas por las víctimas "ante la fiscalía del Tribunal de Apelación de El Aaiún" pero, a preguntas de HRW, "las autoridades sostuvieron que las denuncias no tenían fundamento". Ninguna de ellas prosperó.

Los que sí prosperan son los "juicios y encarcelamiento con cargos falsos" de activistas saharauis previamente sometidos a "detenciones arbitrarias" y "palizas". Las sentencias condenatorias "son de tres o menos años de prisión (...) más cortas que las dictadas en el periodo anterior", en alusión al reinado de Hassan II. Por eso "la mayoría de los activistas saharauis pro independencia están en libertad".

El problema en la ex colonia empieza, según la ONG, con las leyes marroquíes "que penalizan los ataques contra la integridad territorial". "El concepto amplio y difuso del cuestionamiento de la integridad territorial" da pie a "reprimir todo tipo de actividad y expresión política pacífica cuando se opone a la línea oficial". Algunas manifestaciones, constata HRW, no han sido tan pacíficas y "se han lanzado piedras y, en ocasiones, cócteles molotov" causando "lesiones a policías y civiles".

"Aunque el panorama es sombrío, la represión se ha reducido desde los años setenta y ochenta" cuando "las autoridades marroquíes secuestraron e hicieron desaparecer a cientos de saharauis y condenaron a otros centenares a largas penas de cárcel", asegura la ONG.

Para acabar con estos abusos, HRW recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU "ampliar el mandato de Minurso" -el contingente de cascos azules en el Sáhara- para que tenga competencias en materia de derechos humanos en los territorios controlados por Marruecos y el Polisario. Casi todas las fuerzas de paz de la ONU poseen esas atribuciones.

Bernardino León, secretario general de la Presidencia del Gobierno español, se pronunció a favor de esa ampliación de competencias en Rabat, en junio de 2005, tras los choques registrados en El Aaiún el mes anterior. El presidente del Ejecutivo español, José Luís Rodríguez Zapatero, respondió, en cambio, el pasado martes, que era necesario "dejar el liderazgo" a la ONU cuando fue preguntado por el tema.

Naciones Unidas considera que España sigue ostentando la soberanía sobre el Sáhara, y el que fue su secretario general adjunto para asuntos jurídicos, Hans Corell, sostiene incluso que es la potencia administradora aunque no pueda ejercer como tal.

Manifestación de familiares de saharauis encarcelados en El Aaiún en junio de 2005.
Manifestación de familiares de saharauis encarcelados en El Aaiún en junio de 2005.REUTERS

Residuos de esclavitud en Tinduf

Para una mujer saharaui de raza negra de los campamentos de refugiados de Tinduf casarse puede ser un problema. Algunos cadíes (jueces locales) rehúsan celebrar el matrimonio porque las consideran aún "esclavas" y requieren el consentimiento de sus "dueños". Éstos pueden vetar la boda.

Aunque el Frente Polisario rechaza con firmeza esta práctica ancestral, en los campamentos de refugiados de Tinduf subsisten "formas residuales de esclavitud", asegura HRW en el primer informe de una ONG sobre los derechos humanos en esa área del suroeste de Argelia. El Polisario "tiene que hacer más" por erradicarlo. Esta es una de las principales críticas que formula HRW tras su visita a la zona desértica en la que malviven, según ella, 125.000 personas, unas 40.000 menos de lo que afirma el Polisario y 35.000 más de la estimación que Rabat da por buena.

HRW desmonta la denuncia marroquí de que los refugiados son personas secuestradas por Argelia y el Polisario. "No se hallaron indicios de que se restringiera de manera formal o real la salida de los refugiados de los campamentos" incluso cuando se dirigen hacia el Sáhara bajo control de Marruecos.

"Casi nunca se producen detenciones por motivos políticos en los campamentos" en los que el "Polisario monopoliza el discurso político y margina a los que ponen directamente en entredicho su liderazgo (...)", prosigue la ONG. "La situación se vuelve complicada para los que se oponen en cuestiones fundamentales", que con frecuencia "terminan yéndose".

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