La inseguridad ciudadana asfixia a los venezolanos

Jesús Arnaldo Molina: 35 años, vendedor ambulante de café. Murió el viernes en Caracas de cuatro puñaladas en el pecho, dos meses después de que mataron a su primo para robarle una moto china. César Vargas: 25 años, lavaba coches en Multiservicios Balconcito. Fue asesinado el sábado de cuatro disparos tras serle robados los 500 bolívares fuertes (poco más de 100 dólares) de su salario del mes. Ruth Castillo Robles: 55 años, inmigrante peruana. Tenía una cama, una mesa y un televisor en su casa, donde entraron a robar el domingo. La encontraron muerta de diez puñaladas.

La estadística extraoficial que indica que cada dos horas se comete un asesinato en Venezuela es un diminutivo de los nombres de estas personas. Sus casos, reducidos a cifras, se pronuncian rápido: Jesús, César, Ruth y las 43 personas que murieron este fin de semana en Caracas vivían en un país donde la tasa de homicidios se calcula en 57 por cada 100.000 habitantes y donde, entre 1999 y 2010, fueron asesinadas más de 136.000 personas, incluidos niños, de acuerdo a los registros de la ong Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Se prevé que otras 19.000 personas ya habrán muerto para finales de 2011.

El 80% considera que la violencia es el problema más grave del país

Cada dos horas se produce un asesinato, según datos extraoficiales

En este país partido en dos por la polarización política, los seguidores del presidente Hugo Chávez y sus detractores coinciden al menos en una cosa: más del 80% de los venezolanos considera que la inseguridad ciudadana es el problema más grave que afecta al país, según indican las encuestas. La impunidad también alarma e indigna: menos del 10% de estos crímenes son siquiera investigados. Sin embargo, cada bando tiene opiniones distintas sobre el origen y las posibles soluciones para combatir esta crisis.

Siete de los 23 gobernadores del país y el alcalde mayor de Caracas creen que estos números rojos son el resultado de la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar el problema. Todos ellos, opositores al gobierno de Chávez, suscribieron el martes en Caracas el Manifiesto de Petare: un documento en el que, además de planes de seguridad, exigen al Ejecutivo que respete la autoridad de gobernadores y alcaldes respecto a la administración de sus propios cuerpos policiales, y que la porción del presupuesto nacional que les corresponde sea distribuida puntual y equitativamente. El Manifiesto fue firmado por el Alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, y por los gobernadores de los Estados Amazonas, Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

"El Gobierno ha presentado 11 planes en materia de seguridad y ninguno ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque no se trata de tener tanques de guerra y pelotones en las calles. Se trata de tener educación, un modelo económico que no deteriore el empleo y un sistema efectivo de administración de justicia", según Henrique Capriles Radonski, gobernador del capitalino Estado de Miranda, aspirante a ser el candidato único de la oposición en las presidenciales de 2012 y anfitrión de la cumbre de gobernadores.

El más reciente programa de seguridad ha sido el dispositivo Bicentenario, puesto en marcha en marzo de 2010 en diez de los 23 Estados del país y coordinado por la Guardia Nacional Bolivariana (policía militar), con la participación de la policía nacional y los cuerpos de policía regionales y municipales.

Según Capriles, los gobiernos regionales no tienen dinero suficiente para enfrentar el problema, pues el Gobierno central solo ha repartido entre las regiones el 6,7% de los ingresos extraordinarios que ha percibido el país por las exportaciones de petróleo. El cálculo es el siguiente: el 60% del presupuesto de Venezuela lo financia la renta petrolera. Para el presupuesto de este año, el precio medio del barril de crudo venezolano fue calculado en 40 dólares. Pero en 2011, el precio del barril ha superado los 100 dólares. Ese "dinero extra", dicen los gobernadores opositores, se lo ha quedado el Gobierno central.

En el caso de Miranda, el cuerpo de policía regional cuenta con 2.500 funcionarios que, distribuidos en tres turnos de patrullaje, deben proteger a más de tres millones de habitantes. "Deberíamos tener más del doble de funcionarios. Pero para poder crecer, formar a los muchachos y darles un salario competitivo, se necesita presupuesto", dice Capriles. Lo ideal sería que hubiese tres policías por cada mil habitantes.

Hugo Chávez cree, por el contrario, que son ellos, los gobernadores opositores y los policías que están a su cargo, los que conspiran para que la inseguridad siga aumentando. El 14 de septiembre pasado, el presidente venezolano exigió a la mayoría chavista en el Parlamento que investigara a los comandantes de las policías regionales. "Hay que investigarlo en la Asamblea Nacional, quiénes son los jefes policiales en los Estados donde hay gobernadores de la oposición; cuál es la relación que podría haber entre el incremento de los secuestros, atracos, con la presencia de estos personajes", dijo Chávez a través de una llamada telefónica que fue retransmitida por la estatal Venezolana de Televisión.

En medio de una campaña electoral adelantada por las presidenciales de 2012, nada parece indicar que unos y otros llegarán a un acuerdo a medio plazo. Los asesinatos y los robos, mientras tanto, suman y siguen.