Un juez cita a Menem por presuntas irregularidades en el 'caso AMIA'

El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) deberá visitar otra vez los tribunales. El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer que el actual senador Menem, de 78 años, comparezca el 9 de diciembre para prestar declaración indagatoria por la presunta obstaculización de la investigación del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas.

El fiscal general, Alberto Nisman, acusa a Menem de haber recibido en la Casa Rosada, 12 días después del ataque, al empresario textil Alberto Kanoore Edul, padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul, sospechoso de ser uno de los colaboradores locales de la guerrilla libanesa pro iraní Hezbolá, acusada de la operación terrorista. Aquella visita se produjo precisamente mientras las fuerzas de seguridad argentinas registraban el domicilio del sospechoso. Con posterioridad al encuentro entre Menem y Kanoore Edul (padre), cuyos padres eran del mismo pueblo sirio, Yabrud, se supone que el entonces presidente de Argentina dio la orden al juez que indagaba el atentado, a los servicios de inteligencia y a la policía de que dejaran de investigar a Kanoore Edul (hijo).

No es el primer delito que se le imputa a Menem, que en la actualidad afronta un juicio oral por presunto contrabando de armas del Ejército a Ecuador y Croacia. En la causa por encubrimiento de los atacantes de la sede de la AMIA en Buenos Aires, el juez Lijo ordenó que se investigara al ex presidente y a otros seis funcionarios por incumplimiento de sus deberes, destrucción de objetos que iban a servir de prueba, y falsificación y destrucción de documentos públicos, delitos por los que pueden ser condenados a 21 años de prisión.

El colectivo judío en Argentina se ha mostrado satisfecho por la investigación a Menem, pero reclama que también se condene a los responsables del ataque terrorista, después de 14 años de impunidad.

El secretario general de la AMIA, Julio Schlosser, opinó que "esto debe servir para encontrar a los culpables y esclarecer el atentando". A principios de noviembre, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había pedido el embargo internacional de las cuentas de Hezbolá y de los siete ex funcionarios iraníes acusados de la muerte de las 85 víctimas, de modo que puedan pagarse las demandas civiles de los familiares de las víctimas.