Un juez francés aplica la ley que da derecho a exigir vivienda

La justicia francesa ha reconocido por primera vez el "derecho exigible a tener vivienda", una figura creada por el Gobierno de Dominique de Villepin que consiguió aprobar en el Parlamento el 5 de marzo de 2007. En respuesta a la crisis surgida aquel invierno por la situación de miles de personas sin techo, el Ejecutivo introdujo este derecho en la legislación, aunque hasta ahora seguía en el limbo de lo teórico, a pesar de que centenares de personas lo han invocado para intentar conseguir una vivienda pública.

Namizata Fofana, una mujer de 26 años que vive en un centro de acogida de París con sus dos hijos, de tres y ocho años, y que tiene unos ingresos de 1.074 euros al mes, tiene solicitada una vivienda social desde marzo de 2005. La Administración calificó su petición de "prioritaria" pero no "urgente".

Fofana, que el próximo 9 de junio debe abandonar el centro de acogida en el que vive tras finalizar el curso de formación profesional que realiza, presentó una demanda basándose en el derecho exigible a tener vivienda.

El juez le ha dado la razón considerando que su caso es "urgente" y ha ordenado una revisión de su caso en el plazo de un mes. Si la comisión que concede las viviendas corrobora su opinión, la Administración deberá encontrarle una vivienda antes del 1 de diciembre próximo, fecha a partir de la cual Fofana podrá exigir una indemnización al Estado. "Temblaba cuando vi la noticia por televisión", explicaba ayer.

Trabas a la medida

Jean-Baptiste Eyraud, presidente de la asociación Derecho a la Vivienda, considera que la decisión judicial es una auténtica sorpresa. La Administración, asegura, "hace todo lo que puede para retrasar las demandas y poner todo tipo de trabas porque no hay dinero ni medios para cumplir la ley (...) pero si Fofana consigue una vivienda se habrá abierto el camino".

En opinión de Eyraud, la decisión del juez forzará al Estado a proporcionar los medios para que se aplique la ley y se construyan más viviendas sociales. La asociación que preside considera que el Estado debe también recurrir al parque de vivienda privada en alquiler. En Francia, denuncia, hay 2,8 millones de viviendas vacías. La ministra de Vivienda, Christine Boutin, considera que crea jurisprudencia y demuestra la eficacia de la ley.