La justicia de EE UU condena por fraude migratorio a un ex militar argentino acusado de torturas
Ernesto Guillermo Barreiro, un ex mayor del Ejército argentino acusado en su país de violaciones de los derechos humanos, fue sentenciado ayer a seis meses de prisión y tres años de libertad vigilada por fraude migratorio en EE UU, según la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés).
"ICE no permitirá que Estados Unidos sea un refugio para quienes vienen a nuestro país para evadir juicio y castigo por crímenes que hayan cometido en otra parte", dijo Julie Myers, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la ICE. "No desistiremos en nuestros esfuerzos para asegurar que los violadores de los derechos humanos son llevados ante la justicia y expulsados de nuestro país", agregó la funcionaria.
Barreiro, arrestado a principios de abril pasado, fue sentenciado ayer en un tribunal federal de Virginia, que además determinó que el ex militar será sometido a un proceso de deportación a Argentina tras cumplir su sentencia.
Al anunciar el arresto en abril, la ICE describió a Barreiro como un "destacado interrogador" durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). Barreiro, de 59 años, se declaró culpable el pasado 7 de septiembre de cometer fraude en su solicitud de visado, en septiembre de 2003, para emigrar a Estados Unidos, dijo la ICE en un comunicado.
Según los documentos del tribunal de Virginia, en la solicitud que entregó en el Consulado de EE UU en Buenos Aires, Barreiro "falsamente afirmó que nunca había sido arrestado por un crimen en Argentina". Pero, de hecho, "fue acusado y detenido en 1984 y 1987 por presuntos actos de tortura y secuestro que resultó en la muerte de detenidos", agregó el comunicado de la ICE. Barreiro cometió esos crímenes mientras estuvo a cargo de los interrogatorios en la cárcel clandestina de La Perla, indicó el documento.
El ex oficial argentino, que entró en EE UU en octubre de 2004, está acusado por la fiscalía argentina por su responsabilidad en la tortura y muerte de varias personas en La Perla. El Gobierno de Buenos Aires emitió una orden de detención en mayo de 2005.
