La justicia argentina procesará a Menem por encubrimiento

El caso Amia, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires, que costó la vida en julio de 1994 a 85 personas y causó más de 300 heridos, continua provocando terremotos en la vida política argentina. Este jueves, el juez federal Ariel Lijo sorprendió a todo el mundo ordenando el procesamiento (sin prisión preventiva) del ex presidente Carlos Menem, su hermano Munir Menem, el responsable y el número dos de la SIDE (servicios de inteligencia) en aquella época, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchéraz, de los policías Jorge Palacios y Carlos Castañeda y del juez Juan José Galeano, todos ellos como presuntos encubridores de la trama local que permitió el brutal atentado, el peor que ha sufrido la comunidad judía fuera de Israel, trama que organizó también la escapatoria de los presuntos autores.

La voladura del Amia quedó impune. Por un lado, porque los presuntos autores materiales e instigadores, diplomáticos iraníes, escaparon sin proceso. Y por otro, porque la investigación de la trama local, que debió proporcionar los explosivos, vehículos y circuitos de escape, fue desastrosa o, mejor dicho, sospechosamente desastrosa.

En el caso de los diplomáticos, la autoridad judicial terminó solicitando a Interpol una orden internacional de captura para seis ciudadanos iraníes, entre ellos el agregado cultural de la embajada de Teherán en esos momentos, Moshen Rabbani y Ahmad Vahidi, ex dirigente de la Guardia Revolucionaria iraní, jefe del grupo que se ocupaba de operaciones en el exterior. El efecto de la requisitoria internacional ha sido nulo. Peor aún, hace menos de un mes, Vahidi fue ascendido a ministro de Defensa de Irán, lo que provocó las protestas del gobierno argentino. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su última intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas para insistir en su indignación y reclamar la entrega de los sospechosos.

La investigación local fue sospechosamente ineficaz hasta el extremo de que todos los presuntos sospechosos tuvieron que ser puestos en libertad, tras un juicio oral que se prolongó durante tres años y que acabó en un escándalo.

El juez y el fiscal que instruyen ahora la causa estiman que el ex presidente Menem dio la orden de encubrir y ocultar pruebas, su hermano Munir (jefe de la llamada Unidad presidencial) transmitió las órdenes, y los policías, los responsables del SIDE y el juez, las cumplieron. Al comisario Palacios se le acusa en concreto de haber destruido 54 casetes con pruebas relativas al caso. Palacio fue elegido hace pocos meses como jefe de la recién creada policía de Buenos Aires, pero el alcalde Mauricio Macri tuvo que echarse atrás, precisamente por la amarga protesta de los familiares de las victimas del Amia.

El juez federal acusa a su colega el ex juez Galeano de ser autor de los delitos de "encubrimiento, prevaricato, violación de medios de prueba y abuso de autoridad", al igual que al jefe de los servicios secretos, Hugo Anzorreguy.

Argentina tiene la sexta población hebrea más grande en el mundo, fuera de Israel. Solamente en el área del gran Buenos Aires se estima que viven más de 200.000 judíos argentinos. La comunidad hebrea ha luchado denodadamente por mantener vivo el caso Amia, uno de los mas vergonzosos en los que se ha visto implicada la justicia, policía y servicios de inteligencia argentinos desde el fin de la dictadura militar.