La justicia investiga al alcalde de Buenos Aires por presunto espionaje
El entorno de Macri vincula la medida con intereses políticos del Gobierno
El jefe de Gobierno (alcalde) de Buenos Aires, el liberal Mauricio Macri, deberá defenderse ante la justicia por su presunta participación en una asociación ilícita para hacer escuchas telefónicas ilegales. Un juez federal de Argentina, Norberto Oyarbide, le ha citado para una declaración indagatoria como sospechoso el próximo día 28, según dispuso el pasado lunes. Macri se mostró sorprendido por la convocatoria a los tribunales, mientras que su entorno vinculó al juez con el Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la citación, con la aspiración del alcalde de acceder a la Casa Rosada el año próximo.
Macri, ex presidente del equipo de fútbol Boca Juniors e hijo de un poderoso empresario, es el noveno sospechoso de formar parte de una asociación ilícita que espiaba a hombres de negocios, abogados, parientes del alcalde y familiares de víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.
Por esta causa ya están detenidos Jorge Palacios, primer jefe de la Policía Metropolitana, que creó Macri el año pasado, y el presunto espía y funcionario del Ministerio de Educación porteño, Ciro James. Sobre Palacios, un ex policía federal, pesa otra acusación anterior: la de obstruir la investigación sobre el atentado del terrorismo islámico contra el colectivo judío en Buenos Aires.
Precisamente, la formalización de esta última imputación llevó a Macri a relevarlo de la Policía Metropolitana. Su sustituto, Osvaldo Chamorro, también debió renunciar a cargo por este caso de espionaje. Además, otros 34 agentes sospechosos de otros delitos ya fueron expulsados de la joven fuerza que fundó Macri para reforzar la tarea de la Policía Federal, que depende del Gobierno de Fernández, en la lucha contra el delito en la capital argentina.
El juez Oyarbide, que también ha citado para una declaración indagatoria al ministro de Seguridad y al ex ministro de Educación de Buenos Aires, acusa a Macri no sólo de presunta asociación ilícita, sino de falsificar un instrumento público y participar en las escuchas telefónicas a su cuñado Néstor Leonardo, un parapsicólogo de mala relación con su familia política, y a Sergio Burstein, pariente de una víctima del atentado contra la AMIA. Leonardo apuntó en su declaración ante el tribunal que su suegro, el empresario de origen italiano Francisco Macri, estaba detrás de las escuchas, y que su cuñado Mauricio le ayudó. Burstein, uno de los querellantes contra Macri, declaró ayer en Radio Continental que el alcalde "tuvo que estar al tanto de las escuchas ilegales" y vinculó las escuchas con la designación de Palacios: "[Macri] compró el traje en función de la corbata. La corbata era Palacios y se armó una policía en función de él".
Macri reaccionó el lunes por la noche: "No tuvimos nada que ver con las escuchas. Estoy muy tranquilo". Ayer, menos calmados, dos de sus máximos funcionarios contraatacaron. El secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, declaró: "Vemos una maniobra de complicidad entre este juez y el Gobierno nacional, y eso nos parece grave para la democracia". El jefe del Gabinete de ministros de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, añadió: "No hay nada en la causa que lo pueda relacionar [al alcalde] ni siquiera de cerca a Mauricio. Hace seis meses que [el juez] está por llamarlo y justo lo hace cuando está tomando fuerza su candidatura presidencial".
Macri es uno de los políticos apuntados a la carrera para suceder a Fernández en 2011. Tiene su propio partido, Propuesta Republicana (PRO), y se ha distanciado de sus aliados peronistas, Francisco de Narváez y Felipe Solá, que también cobijan aspiraciones presidenciales. En un intento por mostrar iniciativa política frente al poderoso kirchnerismo, Macri propuso la semana pasada un polémico proyecto para prohibir que niños, jóvenes y adultos limpien parabrisas en los semáforos o cuiden coches en las calles a cambio de una propina. Macri proclama una "lucha contra la mafia", pero otros dirigentes políticos critican la "criminalización de la pobreza".
El Gobierno de Fernández respondió a las acusaciones de vínculos con el juez Oyarbide, que el año pasado sobreseyó una causa contra el matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito y que ayer mismo embargó por el mismo supuesto delito los bienes de un ex secretario de Transporte de Fernández, Ricardo Jaime. "Nunca, jamás, [el Gobierno] ha ejercido presión sobre un solo juez", se jactó el jefe de Gabinete de Fernández, Aníbal Fernández. El ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, atacó a Macri. "¿A quién otro que a Macri le interesaba saber lo que hablaba el esposo de su hermana? ¿A quién otro que a Macri le interesaba saber lo que hablaban los familiares de víctimas de la AMIA?", afirmó.
