El lucrativo negocio del niño

La huelga de hambre que la semana pasada realizaron cuatro madres guatemaltecas a quienes robaron sus bebés —todas niñas— para venderlos a matrimonios extranjeros bajo la figura de la adopción ha conseguido sensibilizar a los guatemaltecos sobre un delito que parecía sepultado tras la aprobación, en diciembre de 2007, de la nueva Ley de Adopciones. Así, una denuncia telefónica alertó el martes a la policía sobre la existencia de una casa “sospechosa” de servir de guardería clandestina.

La denuncia, anónima, captó la atención de las autoridades, que pusieron en marcha un operativo de investigación y rescate. En el lugar señalado, una casa de un barrio popular del oeste capitalino, los agentes encontraron a nueve niños, cuyas edades oscilan entre uno y siete años. Pero la sorpresa mayúscula se produjo al comprobar que la encargada del centro ilegal era Rosalinda Rivera Estrada, hermana del diputado del Partido Patriota (PP, derecha) Gudy Rivera, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso (legislativo, unicameral).

“Rosalinda, de 44 años, tenía en su poder a los niños y fue detenida bajo la sospecha de darlos en adopción a matrimonios extranjeros”, dijo a la prensa local Victorino Zacarías, de la Procuraduría General de la Nación (fiscalía). Zacarías añadió que los nueve pequeños rescatados estaban custodiados en condiciones antihigiénicas. “Estaban en un hacinamiento total. En el lugar sólo había una cama y un moisés”, puntualizó.

El diputado Rivera se desmarcó inmediatamente de las actividades de su hermana, a quien, según declaró, no veía desde hace más de tres años, por lo que ignoraba sus actividades.

Pese a ello, la sombra de la sospecha planea sobre el Congreso, el organismo del Estado más desprestigiado en Guatemala. La activista de los derechos humanos Norma Cruz, de la fundación Sobrevivientes, decía a EL PAÍS el lunes que “el problema es que las mafias [de traficantes de personas] están incrustadas en las estructuras del Estado y en el negocio participan altos funcionarios de los tres organismos de poder. Eso no permite que la Ley de Adopciones se implemente como debería”.

De acuerdo a una investigación publicada el jueves por el matutino local Prensa Libre, el más influyente del país, el nombre de Rosalinda Rivera Estrada aparece en 23 procesos encargados al Consejo Nacional de Adopciones (CNA), y “en la mayoría de los casos se han encontrado irregularidades”.

De acuerdo a la información del diario, su nombre figura en los expedientes como ”cuidadora de bebés“, pero varias afectadas la han acusado de ser la encargada de arrebatar a los niños de los brazos de sus madres. Las autoridades sospechan que las identidades de los menores han sido adulteradas y se han detectado 40 casos de duplicidad de fotos.

Tras declarar ayer ante el juez, Rivera fue, imputada formalmente por participación en una red que tramita adopciones ilegales. La procesada quedó bajo prisión domiciliaria, tras el pago de una fianza de 50.000 quetzales (unos 4.500 euros).