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¿Una nueva Constitución para México?

Los mexicanos creen que su marco constitucional debe ser revisado

En noviembre de 1916, seis años después de que Francisco I. Madero llamara al levantamiento en contra del dictador Porfirio Díaz, el Presidente de la República Venustiano Carranza convocó al Congreso Nacional a reformar la Constitución de 1857, vigente hasta entonces, para que en ella se incorporaran los principios e ideales de la primera revolución social triunfante del siglo XX, la mexicana. El objetivo inicial era hacer sólo una reforma, pero acabó siendo una Constitución completamente nueva que se promulgó el 5 de febrero de 1917 con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la nueva Constitución permanecerían principios básicos de la de 1857, como la separación de la Iglesia y el Estado; incorporaría los que enarbolara Madero, el sufragio efectivo y la no reelección, y también los ideales de justicia social por los que revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata se incorporaron después a la lucha: se acotó la propiedad de la tierra y de los recursos naturales, y se definieron como derechos constitucionales la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.

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Durante el siglo XX los gobiernos de México, emanados todos del partido surgido del movimiento revolucionario -el Nacional Revolucionario, que más tarde se llamaría Partido de la Revolución Mexicana para culminar siendo el que hoy conocemos como Partido Revolucionario Institucional- hicieron de la Carta Magna una especie de objeto de adoración que contenía la verdad única, universal e inmutable, salvo por pequeños cambios. Siendo francos muchos de los principios constitucionales lejos estaban de poderse poner en práctica a cabalidad por razones económicas, sociales y las más de las veces políticas, por lo que los mexicanos nos acostumbramos a vivir un poco en la simulación: todo parecía atenerse a los lineamientos de la Constitución aunque en el fondo, no siempre fuera cierto.

Pero justo al empezar el siglo XXI por primera vez en casi 80 años el partido de la Revolución perdió la Presidencia de la República y en el año 2000 en México comenzó a gobernar el Partido Acción Nacional, que surgió en contra del movimiento revolucionario, organización de clara orientación pro clerical y que enarbola como bandera el humanismo frente a la ideología socialista de la Revolución Mexicana, y por primera vez desde que fuera promulgada se ha levantado un intenso debate político en torno a la idea de que la Constitución ha de reformarse para adaptarla a la realidad que impera hoy en nuestro país.

Quizá la muestra más representativa de la contradicción que vivimos en un México regulado por una Constitución de origen revolucionario y un gobierno nacido de las filas contrarias, lo representa el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Procurador General de la República en contra de la ley aprobada en la Ciudad de México para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo.

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En el recurso el abogado de la Nación argumenta, sin el menor escrúpulo, que la inconstitucionalidad de la ley de matrimonios gay radica en que se viola "el derecho a la unidad familiar" esgrimiéndolo como un derecho constitucional de quién sabe cuál Constitución, porque en la mexicana ese derecho ni siquiera existe. En el colmo, por tratar de defender una causa que legalmente no tiene ningún sentido, el procurador llega a sostener que "...no todas las instituciones jurídicas son para todos... es una cuestión de idoneidad material". Es evidente que los principios de un gobierno de origen panista no están reflejados como ellos quisieran en las leyes que hoy nos regulan y que no los pueden imponer a fuerza de inventarse derechos constitucionales que no existen, o limitaciones legales que resultan absurdas.

El principal problema radica, por lo menos a mi entender, en que a punto de celebrar el 93 aniversario de la promulgación de la Constitución, los mexicanos no tenemos claro exactamente qué tipo de Nación queremos ser. Algunos sueñan con ser Estados Unidos, otros suspiran por Europa, muchos anhelarían ser como China y otros muchos, quizá los más, sueñan con que seamos México, eso típicamente distinto a todo lo demás.

A diferencia de los españoles de los años ochenta, que lograron coincidir en el anhelo de integrar España a Europa, con matices en los cómo por supuesto, los mexicanos de hoy tenemos visiones muy distintas de hacia dónde queremos ir. No nos hemos puesto de acuerdo en los "qué" y los políticos pretenden que lleguemos a un acuerdo en los "cómo".

En eso estamos cuando se acerca la conmemoración del 5 de febrero, fecha que según la encuesta que entregamos hoy a los lectores de EL PAÍS, 56% de los mexicanos adultos no tiene la más remota idea de qué se celebra. Y llegamos en un ambiente de debate que ha conseguido removerle esa característica de precepto inmutable del que gozó la Constitución por casi una centuria. Hoy apenas 14% de los ciudadanos piensa que es un marco legal adecuado a las circunstancias, un 47% más cree que si bien en principio se adecua, habría que hacerle varias modificaciones para actualizarla, y sorprende que 29% piense que de plano la Constitución de 1917 ya no sirve para normar el México del siglo XXI, y que por lo tanto necesitamos una nueva.

Dicho sea de paso, y de acuerdo con las cifras de la encuesta de hoy, apenas un 5% de los ciudadanos han leído la Constitución de cabo a rabo, mientras el 38% piensa que las modificaciones que se le han hecho recientemente a la Carta Magna han servido para hacerla mejor.

Ya veremos en qué acaba todo este debate de la reforma política, esperemos que sea en un marco legal tan sólido como lo ha demostrado ser la Constitución de 1917, claro que a como se ve la polémica es alto el riesgo de que los políticos la dejen como falda de hawaiana, hecha de tiritas.

NOTA METODOLÓGICA. Encuesta telefónica realizada el 28 de enero, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos del país. Con el 95% de confianza, el error estadístico máximo que podría esperarse es del +/- 4.5

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