El nuevo alcalde de Londres prohíbe el alcohol en el transporte público
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana y busca reducir los índices de criminalidad
El nuevo alcalde de Londres, Boris Johnson, ha anunciado que a partir del 1 de junio estará prohibido el consumo de alcohol en el transporte público de la capital británica. Esta decisión representa una de las primeras medidas que adopta en un cargo del que tomó posesión el pasado lunes y en el que sucedió al laborista Ken Livingstone.
En el marco de las actuaciones para reconducir la seguridad en las calles de Londres, Johnson ha decidido poner coto a la bebida en el metro, los autobuses y los servicios ferroviarios que cada día transportan a miles de personas, bajo el convencimiento de que este veto, ya anunciado en la campaña electoral, contribuirá a la reducción del crimen.
No obstante, la medida ha sido sido ya cuestionada por los sindicatos de transportes, que consideran que "no ha sido muy bien pensada" ya que la restricción podría topar con el efecto contrario, y empeorar el problema. Aún así, el flamante nuevo regidor se ha mostrado convencido de su eficacia y ha declarado: "Tengo la determinación de mejorar la seguridad del transporte público en Londres y crear un mejor ambiente para los millones de ciudadanos que dependen de él".
Jonhson ha matizado, además, que la decisión cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana y de la Policía del Transporte Británico, si bien ha avanzado que en los próximos meses será necesario abrir una batería de reformas legales en el ente Transporte para Londres que requerirán de la "consulta" a la plantilla de trabajadores.
La medida forma parte de una serie de acciones con las que el nuevo equipo consistorial pretende activar luchar contra comportamientos considerados "antisociales". Los usuarios serán informados al respecto mediante carteles en el interior de las estaciones, en las marquesinas y en los propios vehículos.
Mano dura con el cannabis
El Gobierno británico ha decidido ignorar las recomendaciones en las que los expertos le aconsejaban renunciar al endurecimiento de la normativa sobre el cannabis y elevará su categoría de clase C a clase B, lo que podría conllevar penas máximas de cinco años de prisión para los consumidores. La confirmación oficial, de la que se ha encargado la ministra del Interior, Jacquie Smith, zanja la polémica generada por el propósito del Ejecutivo contrario a la opinión de sus propios asesores en materia de drogodependencias y responde, según ella, a la "preocupación" creciente ante el empleo "alarmante" que se ha detectado del skunk, una de las variantes más fuertes del cannabis.
Según datos del Ministerio del Interior británico, el skunk ha adquirido un porcentaje hegemónico en el mercado del cannabis, con un 81 por ciento respecto al 30 por ciento que representaba en 2002. Además la media de edad a la que los jóvenes se inician en su consumo figura en los 13 años, con cantidades que igualan a las ingeridas de alcohol y, según el gobierno británico, con "serias consecuencias para su salud mental".
