Un nuevo caso de corrupción amenaza a Lula y al PT en vísperas electorales

Un nuevo presunto escándalo de corrupción, revelado por el semanario Veja, ha sacudido al Gobierno brasileño, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT), apenas dos semanas antes de los comicios del 1 de octubre. Según publicaba ayer la prensa nacional, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha abierto una investigación especial para analizar la publicación, por parte del Gobierno y a través del PT, de cinco millones de panfletos elogiando los logros del Gobierno.

Los folletos fueron pagados por la Secretaría de Comunicación (Secom), cuyo titular, Luiz Gushiken, tuvo que ser relevado más tarde de su cargo por supuestos actos de corrupción. El material de propaganda costó al Gobierno, y por tanto al erario público, 12 millones de reales (cuatro millones de euros). Y ni siquiera llegó a la presidencia del Gobierno: fue enviado directamente al PT, que lo distribuyó entre su afiliados, algo totalmente prohibido por la ley.

Según los jueces del Tribunal de Cuentas de la Unión, existe además la sospecha de que el coste de dicha publicación haya podido ser maquillado, es decir, que no todo el material ha sido impreso. Se calcula que 300.000 ejemplares, cuya publicación figura como pagada, no fueron impresos. El Tribunal de Cuentas apunta la corresponsabilidad de cinco imprentas por recibir dinero indebidamente. El documento de la Unión de Cuentas ha sido enviado a la Fiscalía General de la República, que podrá ahora iniciar acciones criminales contra los presuntos culpables.

Lula ya había sido condenado por los tribunales a una multa de 900.000 reales (unos 300.000 euros) por propaganda ilegal durante la campaña, aunque sus abogados han recurrido la sentencia. El ex ministro Gushiken ha negado que haya habido irregularidades en la publicación y distribución de los cinco millones de impresos, pero el Tribunal de Cuentas sólo abre una investigación cuando existen indicios graves de ilegalidad.

El presidente nacional del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), Tasso Jereissati, sugirió ayer que el Ministerio Público abra una investigación criminal para dilucidar el destino de los 12 millones de reales de la publicidad del Gobierno distribuida por el PT. Según Jereissati, si se demuestra que hubo delito, se podría volver a proponer que el Parlamento inicie el proceso para pedir la dimisión de Lula.

Para Tarso Genro, ministro de Relaciones Institucionales, la petición de destitución de Lula en vísperas de las elecciones no es más que una iniciativa desesperada de la oposición, que no se resigna a admitir la derrota que auguran los sondeos, según los cuales Lula ganará en la primera vuelta.