La ola xenófoba de Suráfrica fuerza la huida de miles de inmigrantes

A palos, a cuchilladas o quemados vivos: el brote xenófobo que asuela Johanesburgo y que amenaza con extenderse por Suráfrica ha causado ya 22 muertos y ha hecho añicos la imagen de país tolerante construido durante décadas. El balance de ayer muestra que se trata, como subrayan las ONG, de una "crisis humanitaria" lejos de remitir: 6.000 inmigrantes, la mayoría de Zimbabue y Mozambique, han buscado refugio en comisarías de policía o iglesias, los heridos se cuentan por centenares y ha habido 200 detenciones.

Cada vez hay más voces en el país que reclaman la presencia del Ejército en los guetos para intentar controlar la situación. Y la policía, en muchas ocasiones sobrepasada por la turba, no ve mal esta posibilidad, según explicaron ayer sus máximos responsables.

Las autoridades pretendían hacer ayer un balance final de lo sucedido. Pero los números se iban agrandando a medida que los disturbios continuaban en al menos seis guetos y barrios de chabolas, con más asesinatos, quema de casas y enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad intentaban a última hora de la tarde rescatar más cuerpos carbonizados en el gueto de Germiston, en Johanesburgo.

"Parad, por favor, parad, son nuestros hermanos", imploraba Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, quien recordó que los países vecinos habían acogido a surafricanos en los tiempos del apartheid: "No podemos agradecérselo matando a sus hijos, no podemos mancillar nuestra lucha con estos actos de violencia", dijo.

Los grupos de la oposición, el movimiento antisida TAC y la propia Comisión de Derechos Humanos de Suráfrica hicieron un llamamiento al despliegue de las Fuerzas Armadas, una vez constatada la incapacidad de la policía para contener a la turba. "Hemos hecho un llamamiento a que el Gobierno utilice todos sus medios para parar la violencia", explica Tseliso Thipanyane, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos. En su opinión, los ataques se explican por la frustración de los locales ante la pobreza, el paro, el crimen o la falta de servicios públicos, pero también son el reflejo de políticas inadecuadas tanto de inmigración -hay entre tres y cinco millones de sin papeles- como respecto al vecino Zimbabue.

El colapso del régimen de Robert Mugabe en Zimbabue, con una inflación del 160.000% y el 80% de paro, ha provocado un aluvión de inmigrantes procedentes de este país, a los que a menudo se responsabiliza del paro de los locales y de los elevados índices de criminalidad. "Habría que reconsiderar la política hacia Zimbabue", opina Thipanyane. El presidente surafricano, Thabo Mbeki, abandera la "diplomacia silenciosa" con este país, con la que trata de promover cambios en el régimen sin hacer ruido. En opinión de los críticos, esta política aporta en realidad oxígeno a Mugabe.

La organización sindical Cosatu exigió ayer que se aclare la participación en los ataques del partido zulú Inkatha Freedom Party -históricamente enfrentado al gubernamental Congreso Nacional Africano-, cuyos cuadros en los guetos podrían haber azuzado a los agresores en reuniones vecinales previas a las agresiones. Mientras el resto de las ciudades en el país ponía a sus policías en alerta para prevenir la extensión de los ataques, Cruz Roja hacía un llamamiento a la población para proveer de mantas y comida a los refugiados y Médicos sin Fronteras ponía en marcha el mismo protocolo de actuación que aplica ante una crisis humanitaria.