La oposición acusa a Lula de juego sucio en la campaña
El presidente brasileño, criticado por utilizar el Estado a favor de Rousseff
La guerra ha estallado en la campaña electoral brasileña. Acuciado por una creciente desventaja en los sondeos de intención de voto, el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ha comenzado a lanzar andanadas contra el Partido de los Trabajadores (PT), de la candidata favorita, Dilma Rousseff, al que acusa de jugar sucio para desacreditar a su principal oponente, José Serra. Las denuncias arrecian también sobre el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por usar la maquinaria pública para apuntalar la campaña de Rousseff mediante la presencia permanente de ministros y del propio presidente en los actos electorales del PT.
Pese a que todas las encuestas apuntan a que Rousseff arrasará en las urnas el 3 de octubre -los sondeos le dan la victoria en la primera vuelta, con un 51% de los votos-, el potente aparato del PT funciona a todo gas. Antes del arranque oficial de la campaña, a principios de julio, Lula ya había sido multado seis veces por el Tribunal Superior Electoral por anticipar la propaganda a favor de su candidata.
La policía investiga un supuesto caso de espionaje a políticos rivales
Los actos electorales se suceden a lo largo y ancho del país con presencia de ministros del Gobierno y del propio presidente Lula que, según su agenda, aparece públicamente junto a su elegida cada cuatro días. Según el diario carioca O Globo, los ministros de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, y de Ciudades, Márcio Fortes, suelen coincidir sospechosamente con Rousseff en sus viajes de campaña causando un gasto adicional en dietas al erario público. En sus desplazamientos, los miembros del Ejecutivo simultanearían sus agendas públicas con actividades destinadas a hacer proselitismo del Gobierno de Lula, en el que hasta hace algunos meses Rousseff ejercía de número dos.
La estrategia de campaña del principal partido de la oposición, el PSDB, cada vez más hundido en las encuestas, se centra ahora en conseguir que un supuesto caso de espionaje fiscal le estalle en las manos al PT. La formación de José Serra acusa al partido de su rival de hacerse con datos fiscales de personas íntimamente vinculadas a su candidato con el propósito de destapar irregularidades que perjudiquen su imagen.
La policía federal ya ha constatado la violación del secreto fiscal de la hija del candidato socialdemócrata, Verónica Allende Serra, y del vicepresidente el PSDB, Eduardo Jorge, cuyas cuentas bancarias del Banco de Brasil también podrían haber sido intervenidas. Desde varios medios locales se apunta a que el esquema de espionaje se habría cocinado directamente en la sede del PT que, a imagen y semejanza de las elecciones de 2006, estaría preparando un informe repleto de datos comprometedores contra Serra.
En la pasada campaña electoral se demostró que un grupo de personas vinculadas a la formación de Lula intentó comprar información confidencial de miembros de la oposición con la misma finalidad. En aquella ocasión, las montañas de billetes por valor de 1,7 millones de reales (casi 800.000 euros) con las que se pretendía pagar los informes fueron mostradas por televisión e impactaron en la línea de flotación de Lula, que buscaba su reelección y acabó recibiendo un duro revés del electorado en la primera vuelta.
Ahora, unos y otros intentan rentabilizar la misma bronca. Los socialdemócratas no paran de airear que el hecho demuestra, una vez más, que el PT es un partido que se mueve con soltura en la ilegalidad y la puñalada trapera. Mientras tanto, Lula, en una maniobra magistral para blindar la imagen de su candidata, ha pedido que la Policía Federal apure responsabilidades lo antes posible. Según el rotativo Folha de São Paulo, el presidente habría pedido a su ministro de Justicia, Luiz Paulo Barreto, que acelere la investigación "para mostrarle al país quién es el culpable, independientemente de quien sea, le duela a quien le duela".
Es bastante improbable que las conclusiones de los investigadores se conozcan antes de los comicios, algo que indiscutiblemente beneficia al PT. Según el PSDB, el Gobierno habría dado instrucciones a los responsables de la agencia tributaria para que no se conozca los detalles del caso hasta que pasen las elecciones. De momento sí parece probado que los datos fiscales del vicepresidente del PSDB fueron violados en 22 ocasiones y desde tres Estados diferentes.
