La orden de Uribe de “localizar” las ‘cárceles’ de las FARC dispara los temores

Incertidumbre y desconcierto. Éstos son los sentimientos que ha despertado la orden lanzada por el presiente colombiano, Álvaro Uribe, al Ejército de “localizar los sitios donde están los secuestrados” en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo dijo el pasado fin de semana, en un consejo comunitario en Mitú, capital de Vaupés, departamento de la Amazonia donde se supone que se encuentran varias cárceles de este grupo guerrillero. El presidente Uribe ordenó a la fuerza pública “localizar los sitios donde están los secuestrados, rodearlos, y en el momento en que lo estén convocar a la comunidad nacional e internacional para definir un procedimiento humanitario hacia su liberación”.

Lo que algunos se preguntan ahora es si esta iniciativa contraviene lo manifestado por el mandatario en su reciente gira por Europa, cuyos dirigentes respaldaron su plan para emprender una labor de mediación liderada por la Iglesia católica, junto al grupo de países amigos —España Francia y Suiza—. La primera protesta ha llegado de Francia; el portavoz de la Cancillería Frederic Desagneaux ha reiterado la posición de su país, comprometido en este asunto porque una de las rehenes canjeables por guerrilleros presos es la ciudadana colombo-francesa Ingrid Betancourt: “No debe hacerse nada que ponga en riesgo a los secuestrados”.

Por su parte, el ministro del Interior de Colombia, Carlos Holguín, ha intenado hacer malabares con las palabras para defender la iniciativa de Uribe: “Por el hecho de que haya cerca fuerza pública nadie tiene por qué temer; es un absurdo”, dijo, aunque dejó claro que la orden —que no es nueva, aunque hasta ahora no se había hecho pública— no será retirada.

Uribe aseguró que la instrucción se dio a mediados del año pasado, cuando se supo que 11 diputados que formaban parte del grupo de canjeables habían muerto asesinados.

Para los uribistas, la polémica generada hasta ahora se debe a una mala interpretación de las palabras del presidente: jamás, dicen, se ha hablado de rescate militar. Pero ésa es la interpretación común. Consuelo González, liberada el 10 de enero junto a Clara Rojas tras seis años de cautiverio por las FARC, lo tiene claro: “Cualquier mecanismo que intente un rescate es sumamente grave”. Sabe, al igual que todos los familiares de los que aún permanecen en la selva, que la orden dada por las FARC es disparar contra sus rehenes en caso de un intento de rescate. Fabiola Monsalve, madre de un sargento secuestrado, asegura que es una decisión “preocupante”. “Los guerrilleros no dudarán en matarlos”, advirtió.

El obispo Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, se ha abstenido de intervenir en el debate: “Estoy esperando que nos expliquen mejor la propuesta”, adujo. En su discurso de apertura de la asamblea anual, que reúne a todos los obispos del país, hizo un llamamiento a las FARC e instó a Manuel Marulanda, comandante de esta guerrilla, y a los miembros de su cúpula a que respondan a una carta enviada por la Iglesia, en la que se les emplazaba a concretar una reunión “en los términos y condiciones que les parezca conveniente”.