El pacto de la vergüenza en Israel

Siempre insistió el fiscal general de Israel, Menahem Mazuz, en que las pruebas contra el presidente Moshe Katsav por el delito de violación eran "reveladoras", y siempre alegó el mandatario la falsedad de las acusaciones. Sólo hace un mes, ambos rechazaban cualquier componenda. Pero ayer, Katsav y los abogados del Estado pactaron: el presidente admite su imputación por acoso sexual a cambio de la retirada de los cargos de violación y de eludir la prisión.

"La vergüenza le acompañará siempre", afirmó el fiscal general Mazuz del mandatario. Katsav, suspendido en sus funciones meses atrás, dimitirá formalmente hoy del cargo que asumió en 2000 (el Parlamento ya eligió a Simon Peres como sucesor). No pisará la prisión, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él por acosar a mujeres a sus órdenes cuando ejercía como ministro y presidente.

"Este acuerdo", apuntó Mazuz, admitiendo la jerarquía de los intereses políticos sobre las exigencias del sistema judicial, "minimiza el daño a la institución presidencial. Era importante evitar que Israel observara a su presidente en el banquillo".

Puede ser que el impacto sobre la primera magistratura del país se reduzca. Pero es más que probable que el precio del cambalache lo paguen, entre otros, el propio fiscal general. Mazuz afirmó en repetidas ocasiones, ya concluidas las investigaciones a comienzos de año, que las pruebas presentadas por el supuesto delito de violación eran "contundentes" y "reveladoras". Y se anunciaba que la pena podría superar 15 años de cárcel. Aún en mayo, el Ministerio de Justicia y los letrados de Katsav aseguraban que los cargos de violación no serían eliminados a costa de una confesión del presidente.

Todo ha cambiado ahora. El presidente admite ser imputado por delitos de acoso sexual, entre otros. En enero juraba ser objeto de una conspiración y ofrecía una conferencia de prensa en la que se comportó, en opinión de casi todos, de una manera "indecente". Y el fiscal general, también de repente, deja de lado las evidencias contra Katsav que afirmaba poseer. Fue muy duro Mazuz con el presidente: "De ser el primer ciudadano de Israel ha pasado a ser un convicto de delitos sexuales", sentenció.

En todo caso, el escándalo del presidente -nacido en Irán en 1945 y miembro siempre del derechista y nacionalista Likud- representa otro severo varapalo para el entramado institucional del Estado judío. Israel -con un ojo puesto en Hamás, otro en Siria, y con los dos en Irán- profundiza una crisis política que no hace sino acrecentar el descrédito de las élites gobernantes.

Los casos de corrupción afectan a varios ministros e infinidad de altos cargos públicos; el Ejército está en horas bajas después de su pobre desempeño en la guerra de Líbano; el primer ministro, Ehud Olmert, padece unos índices de popularidad desastrosos y sus enemigos políticos, incluso dentro de su partido, aguardan su momento. El Gobierno trata de infundir ánimos acogiéndose a los excelentes datos económicos, pero en la población se ha instalado una sensación mezcla de pesimismo y hartazgo.

El pacto entre los abogados ha sentado a cuerno quemado a las víctimas y a las asociaciones de mujeres. Sobre todo que Katsav haya eludido la prisión. "Aterrorizó mi cuerpo y mi alma. Me convertí en su esclava sexual", declaró en conferencia de prensa una de las empleadas públicas acosadas. "Han escupido en la cara de las víctimas", añadió. Zahava Gal-On, del partido izquierdista Meretz, acusó a Mazuz de "cobardía moral" y destacó que su decisión hará pensar a las mujeres agredidas "que no tienen nada que hacer".

Las discriminaciones que sufren varios sectores sociales de Israel (sobre todo los ciudadanos árabes, los beduinos y los judíos etíopes) ponen continuamente en solfa la apelación a Israel como un Estado de derecho. El caso Katsav añade leña al fuego. La diputada laborista Shelly Yacimocivh dijo que ahora la gente temerá denunciar a los poderosos y que "esta negociación daña la fe pública en el imperio de la ley". Y Yossi Beilin, de Meretz, auguró que alguien en el sistema judicial tendrá que asumir responsabilidades por esta discriminación. Las organizaciones feministas han convocado para mañana una manifestación en Tel Aviv contra el fiscal Mazuz.