El porqué de una página blanca

Una página blanca en la primera página, para testimoniar a los lectores y al país que se ha ejercido por ley una violencia contra el circuito democrático a través del cual los periódicos informan y los ciudadanos se informan, y por lo tanto juzgan y controlan. Una violencia consumada por el Gobierno, que aplicando el voto de confianza para evitar sorpresas ha aprobado en el Senado la ley sobre las interceptaciones, que es en realidad una ley sobre la libertad: la libertad de buscar las pruebas de los crímenes según los métodos de todos los países civilizados -en el deber del Estado para garantizar la legalidad y ofrecer justicia- y la libertad de los ciudadanos para acceder a la información necesaria para conocer y para saber, por lo tanto para juzgar.

La violencia de la mayoría está aquí: en el deseo de limitar hasta el obstruccionismo irracional la actividad de los magistrados en la lucha contra el crimen, contrayendo la posibilidad de usar las interceptaciones para obtener pruebas de los delitos. Y en el deseo de impedir a los ciudadanos que sean informados del contenido de las interceptaciones, de impedir a los periódicos la libre valoración de las noticias, en el interés de los lectores. Todo esto, mientras explota el escándalo de la Protección Civil, nacido con las risas interceptadas a los constructores ligados al "sistema" del gobierno, felices por las sacudidas del terremoto que destruyó L'Aquila.

Las pequeñas modificaciones que se han hecho a la ley (se quería incluso mantener al país en la oscuridad sobre las investigaciones durante cuatro años) no cambian para nada el carácter antiliberal de una norma de salvaguardia de la casta de gobierno, aterrorizada por el riesgo de que los magistrados investiguen, los periódicos cuenten, los ciudadanos tomen conciencia. De hecho. La prórroga de los plazos para las escuchas, de pocas horas en pocas horas, es más ridícula que compleja. Y las multas altísimas a los editores no son sanciones sino invitaciones explícitas a expropriar la libertad de las redacciones de los periódicos a decidir lo que debe ser publicado.

Lo que queda, hasta que pueda durar, es la acción del imperio del gobierno sobre un derecho fundamental de los ciudadanos -el de saber- unido al deber de los periodistas de informar. Si esta ley llega a la Cámara, el gobierno decidirá a través de ella la cantidad y calidad de las noticias 'sensibles' que podrán ser piblicadas por los periódicos, y por lo tanto conocidas por los lectores. Atención: la ley-mordaza decide por nosotros, y decide según la voluntad del gobierno lo que no debemos saber, lo que podemos escribir.

Con toda evidencia, todo esto no es aceptable: no sólo para los periodistas, sino para los ciudadanos y para el sistema democrático. Por esto hoy la primera página de La Repubblica es blanca, para atestiguar lo que está sucediendo. Y para decir que no tiene que suceder, y no sucederá.