Los periodistas italianos salen a la calle contra la 'ley mordaza'

La obsesiva búsqueda de la inmunidad de Silvio Berlusconi; su intolerancia hacia los mecanismos democráticos de control del poder, y su aversión a una justicia autónoma y a una información independiente. Esos fueron los argumentos que marcaron ayer las protestas en Italia contra la ley mordaza, el proyecto que restringirá al mínimo la realización de escuchas telefónicas y su difusión en la prensa bajo penas de cárcel para los periodistas.

Con el lema No al silencio de Estado, el sindicato nacional de prensa (FNSI), el movimiento opositor Pueblo Violeta y miles de ciudadanos anónimos se manifestaron en Roma, Milán y Turín, y convocaron para el 9 de julio una jornada de huelga de noticias.

En la plaza Navona de Roma se congregaron unas 20.000 personas. Dario Fo, premio Nobel de Literatura; Roberto Saviano, policías, editores y periodistas llamaron a defender la libertad de prensa y la actual legislación antimafia.

Mientras el primer ministro regresaba de una gira por Brasil y Panamá, plagada de chistes machistas y de propuestas tan novedosas como promover una huelga de lectores de periódicos para protestar contra lo que calificó como desinformación, en Italia crecía la tensión política contra las iniciativas del Gobierno.

Desde São Paulo, Berlusconi ordenó acelerar la tramitación de la ley mordaza en la Cámara, que se empezará a discutir el 29 de julio. El cambio ha suscitado la indignación de la oposición y del propio presidente de la República, Giorgio Napolitano, que hace dos semanas advirtió al primer ministro de que la prioridad es el ajuste presupuestario y ayer sugirió que devolverá la ley al Parlamento si la mayoría no resuelve "sus puntos críticos". El nuevo choque institucional entre Berlusconi y Napolitano parece cada vez más ineludible. La cohabitación está bajo cero tras el nombramiento como ministro de Subsidiariedad y Descentralización (sin cartera ni atribuciones) de Aldo Blancher. Amigo de Berlusconi y dirigente de Fininvest, condenado dos veces por falsedad en balance (se salvó en el Supremo porque el Ejecutivo anuló el delito) y hoy procesado por apropiación indebida, horas después de firmar su cargo, Brancher se acogió a la reciente ley del legítimo impedimento para librarse del juicio, pero el jefe del Estado frenó la trampa.

La última idea de Berlusconi para lograr la impunidad es el laudo Alfano, la ley de inmunidad de los altos cargos rechazada en 2009 por el Constitucional. El Gobierno quiere hacerla extensiva a todos los miembros del Gabinete y con efectos retroactivos.