El portavoz de Bush, investigado por descubrir a una espía
Scott McClellan, jefe de prensa de la Casa Blanca, testificó el viernes pasado ante un gran jurado que investiga uno de los asuntos potencialmente más dañinos para la Administración del presidente, George W. Bush: la filtración del nombre de una agente de la CIA como posible venganza contra su marido, un diplomático que desveló falsedades en los argumentos empleados para justificar la guerra contra Irak.
El diplomático Joseph Wilson había desvelado ante los medios de comunicación que viajó a Níger por encargo de la CIA para investigar la supuesta compra de uranio nuclear por parte de Irak. A su regreso, comunicó a la Casa Blanca que esa acusación era infundada e imposible, y aún así Bush decidió incluirla en un discurso sobre el Estado de la Unión. Desatada la polémica, el Gobierno de Bush reconoció el error, pero obligó al director de la CIA a asumir la culpabilidad.
Posteriormente, alguien desde el edificio presidencial se puso en contacto con un columnista conservador de The Washington Post y otros seis periodistas para filtrar que la esposa de Wilson, Valerie Plame, una diplomática del Departamento de Estado, era en realidad una agente encubierta de la CIA que había trabajado en varios países usando las embajadas como tapadera. Dado que filtrar su nombre sólo servía para acabar con su carrera y quizá para poner su vida en peligro, la filtración se interpretó como una venganza intencionada.
Desvelar el nombre de un agente encubierto es un delito castigado con hasta 10 años de cárcel. El Departamento de Justicia inició una investigación en la que el fiscal general, John Ashcroft, se recusó a sí mismo. Un fiscal del Estado, Patrick Fitzgerald, supervisa ahora la investigación a través de un gran jurado federal. Junto a Scott McClellan también compareció Adam Levine, otro miembro del staff de prensa de la Casa Blanca encargado de las relaciones con las televisiones.
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