La presidenta de Filipinas firma una ley que suprime la pena de muerte en el país

La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ha firmado este sábado la ley que suprime la pena de muerte en el país, en su primer acto tras salir del hospital donde fue ingresada el jueves por problemas intestinales. La Jefa de Estado se ha dirigido en compañía de su marido, Miguel Arroyo, al Palacio de Malacañang, la residencia presidencial, donde han sido recibidos por centenares de seguidores, y ha rubricado la ley poco después de su llegada.

La firma de Arroyo era el último requisito pendiente para que Filipinas se incluyese en el grupo de tres naciones de Asia-Pacífico (Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental) donde no existe la pena capital. La presidenta ha indicado durante la firma de la ley -que sustituye la pena de muerte por la cadena perpetua- que dicho acto "marca el fin de una era de justicia vengativa".

El actó durante el cual se ha procedido a firmar el documento ha contado con la presencia de miembros del Gobierno, del Parlamento, la comunidad diplomática y religiosos, y es la única actividad oficial que la presidenta tiene prevista para la jornada de este sábado, tras haber aplazado otras citas debido a su ingreso en el hospital. La enfermedad intestinal que padece ha obligado también a Arroyo a aplazar un día su gira por Italia, el Vaticano y España, que se iniciará el domingo.

Fuerte oposición

La presidenta, que ha tenido que hacer frente a una fuerte oposición de sectores de la sociedad filipina favorables a la pena capital, entre ellos asociaciones de víctimas de secuestros y asesinatos, ha alegado que este castigo "ha mostrado que no es útil a su principal objetivo de servir de disuasión para que no se cometan crímenes horrendos".

Gloria Macapagal Arroyo también ha fundamentado en sus creencias católicas su rechazo a la pena de muerte, pero ha sido acusada de oportunismo por acelerar este proceso con vistas a la próxima audiencia que tendrá con el Papa Benedicto XVI y de su visita a España.

Sus oponentes alegan que la presidenta trata de ganarse el favor de la influyente Iglesia Católica filipina frente a las acusaciones de fraude electoral y las peticiones de la oposición para que dimita, una crisis que dura ya un año.