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Los trabajadores extranjeros, en el punto de mira

El presidente de Italia reclama un esfuerzo común contra el racismo

Llega al Parlamento la ley que castiga con multas el delito de inmigración ilegal

Si en Lincolnshire braman contra los sicilianos, en Italia son los rumanos y extracomunitarios los destinatarios del miedo y la xenofobia. El discurso de la tolerancia cero lanzado hace meses por el ministro del Interior, Roberto Maroni, suena cada día más vacío y fuera de control. Incluso en la derecha empiezan a surgir voces asustadas ante el caos y la violencia de signo racista vivida en los últimos días.

El ex ministro del Interior y actual presidente del Comité Antimafia, Giuseppe Pisanu, atacó ayer a Maroni desde Il Corriere della Sera asegurando que el fenómeno migratorio, "que orientará los procesos económicos y sociales de la Europa del próximo siglo, no puede afrontarse con la oreja tendida hacia las voces de las tabernas de la Baja Padania. La tolerancia cero es un eslogan afortunado que no quiere decir nada. Ese clima emotivo excita los instintos más bajos".

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Poco después, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, lanzó un mensaje a la nación mostrando su "preocupación por la sucesión de episodios xenófobos" registrados. Napolitano exigió a los políticos e instituciones "todo su esfuerzo para combatir el racismo" y les animó a "no considerar esos sucesos como hechos aislados". Maroni, en el ojo del huracán, replicó a ambos con otra de sus frases memorables: "Con los clandestinos hace falta ser malos, no buenistas". Y de paso obvió por completo la amonestación del jefe del Estado: "Oigo todavía polémicas que no sirven y que sólo crean alarmismo. Me entran por un oído y me salen por el otro".

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Tiene sus motivos. Según todas las encuestas, Italia es el país europeo más asustado ante la inmigración. En ese contexto, las protestas de los trabajadores británicos contra los 300 empleados italianos de la empresa siciliana IREM han sido recibidas incluso con comprensión por el Gobierno. Maurizio Sacconi, ministro de Sanidad y Trabajo, recordó ayer que la libre circulación de trabajadores es "un principio fundamental de la Unión Europea que no puede ser discutido". Y añadió: "Comprendo la protesta de los trabajadores británicos pero no la comparto". Buenas palabras, en un ambiente interno de terror, tras los tres casos de violaciones de mujeres (dos de ellas en grupo), atribuidas por algunos medios a "jaurías de inmigrantes", y seguidas por redadas masivas, agresiones a extranjeros e intentos de linchamiento.

Tras el asesinato a tiros de un ciudadano senegalés a manos de un vecino de profesión policía en Civitavecchia, el país amaneció ayer conmocionado por el ataque de tres jóvenes a un inmigrante indio que dormía en la estación de Nettuno, cerca de Roma. Los muchachos, de entre 16 y 29 años, rociaron con gasolina al hombre, le golpearon y le prendieron fuego. El menor contó a la policía que sólo buscaban acabar la aburrida noche con un poco de emoción: "Daba igual si era rumano o negro", dijo, "solo queríamos ver cuánto duraba". Según Maroni, no se trata de un ataque racista sino de "algo peor". "Querían acabar su juerga quemando a alguien. Eso debe hacernos reflexionar".

Mañana, en el Senado, los parlamentarios tendrán ocasión de hacerlo. Llega al hemiciclo, tras meses de anuncios y marchas atrás, el Decreto Ley de Seguridad. Aunque luego debe pasar a la Cámara, la ley prevé entre otras medidas castigar el delito de inmigración ilegal con multas de 5.000 a 10.000 euros; prohibir registrar sus matrimonios y nacimientos a los sin papeles; tasa anual de 125 euros por el permiso de residencia; elaboración de un censo nacional de personas sin techo, y obligación de tener una vivienda digna.

Quizá algunas no prosperen, porque las asociaciones católicas han formado un cartel contra el decreto. Sostienen que "tendrá consecuencias nefastas para la seguridad y la economía porque los mejores inmigrantes se irán".

Un hombre sostiene una pancarta contra las reformas del Gobierno italiano sobre inmigración.
Un hombre sostiene una pancarta contra las reformas del Gobierno italiano sobre inmigración.AFP

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