Seis presos políticos venezolanos se suman a la protesta de estudiantes

Seis presos políticos venezolanos se sumaron el domingo a la huelga de hambre que desde el jueves pasado mantiene un grupo de estudiantes frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas. Los huelguistas exigen a la organización que envíe a Venezuela una comisión para que verifique las condiciones en las que viven y han sido juzgados los prisioneros políticos y que evalúe la situación de los derechos humanos en el país.

"Nos sumamos en solidaridad a su huelga de hambre (...). Llamamos la atención de América entera, representada en la OEA, y de la opinión mundial acerca de la ausencia del Estado de derecho en Venezuela. Nuestros muchachos no están solos. Desde las cárceles donde nos tienen abusivamente presos, vamos a la huelga de hambre hasta que los objetivos sean alcanzados", anunciaron los detenidos a través de un comunicado que fue difundido por sus esposas.

Los seis hombres que firman la nota son la evidencia de las irregularidades procesales contra las que protestan los estudiantes: los comisarios Iván Simonovis y Lázaro Forero han estado presos desde 2006 por supuestas violaciones de los derechos humanos en el fallido golpe de Estado de abril de 2002 y, aunque están enfermos, se les niega la atención médica; el banquero Eligio Cedeño, que era un empresario cercano al Gobierno, está detenido desde hace más de dos años por supuesto fraude sin haber sido sometido a juicio; los periodistas Gustavo Azócar y Leocenis García, críticos con el Gobierno, han sido llevados a la cárcel por supuestos delitos comunes, y el ex policía Juan Guevara fue condenado en 2005 a 30 años de prisión por su supuesta participación en el asesinato del fiscal que investigaba el golpe del 11 de abril de 2002.

La huelga de hambre, en la que ya participan 50 estudiantes en tres ciudades del país, fue convocada inicialmente como un acto de solidaridad hacia su compañero, el estudiante Julio César Rivas, detenido hace tres semanas por participar en manifestaciones contra la nueva Ley Orgánica de Educación que llevará el socialismo a las escuelas. Rivas, de 22 años, fue acusado entre otros cargos por "incitación a la guerra civil" y ahora está preso en una de las cárceles para delincuentes comunes más peligrosas del país, a la que sólo ha podido ir a verle su abogado y, hace un par de días, su madre.

Además de Rivas, 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas -dirigida por el opositor Antonio Ledezma- y el prefecto de la ciudad, Richard Blanco, también han sido enviados a prisiones comunes por participar en protestas callejeras contra la Ley de Educación.