La protesta que abrió la espita

La crisis de Myanmar empezó con una pequeña manifestación de trabajadores contra la subida del precio de los carburantes. Varios monjes respaldaron la propuesta, los apalearon a todos y ahí se armó. Lo paradójico es que la Junta Militar birmana pudo haber evitado la peor crisis en 20 años con sólo haber invertido un poco de dinero en la industria de la producción y el refino de carburantes.

En vez de eso, Myanmar importa crudo y derivados -la mitad de todo el gasóleo que se consume-, cuando ocupa el 10º puesto en la lista de los mayores poseedores de reservas de gas en el mundo. Además, cuenta con 3.200 millones de barriles de crudo bajo su suelo y sus aguas (Indonesia, miembro de la OPEP, tiene unos 4.300 millones). Y es que pese a estos recursos, la longeva Junta Militar apenas ha invertido en la producción de combustibles y en la distribución de gas y energía. A la falta de inversión hay que añadir la mala gestión y la corrupción.

En los últimos años, el Gobierno militar tomó medidas para acelerar la inversión extranjera -permitida desde 1988- en la explotación de energía hasta conseguir que sean productivos 19 yacimientos en tierra y otros tres grandes en la plataforma submarina. Nueve compañías extranjeras -en especial de China, Indonesia e India- encabezan la extracción de petróleo y gas, la principal fuente de ingresos birmana.

Los organismos internacionales han hecho las cuentas y calculan que más del 40% de los ingresos del país proceden del sector energético, especialmente por la venta de gas a Tailandia. El resto del dinero que va a parar a las arcas del Estado -y de allí a los bolsillos de los militares y los funcionarios afines al régimen- proviene de las exportaciones de joyas, cobre y productos agrícolas. Aparte de la corrupción, la Junta se ha estado gastando buena parte de los 60.000 millones de euros del PIB anual en la construcción de una nueva capital (Naypyitaw) y en aumentar el gasto militar y el salario de los funcionarios.