La protesta antiminera amenaza las elecciones en Perú

Un nuevo desborde social sacude Perú, en vísperas de la segunda vuelta de la elecciones presidenciales del 5 de junio. La población de la región altiplánica de Puno, limítrofe con Bolivia, se ha movilizado en gran número para exigir al Gobierno de Alan García que declare sus tierras libres de minería y, en concreto, que se derogue un decreto supremo que permite la operación a la minera Santa Ana. Tras 20 días de protestas, más de 10.000 personas, la mayoría de la etnia aimara, han tomado la ciudad de Puno, bloqueado las principales carreteras de la región, saqueado negocios y quemado vehículos. También han cerrado el tráfico en la frontera, lo que, de acuerdo con la prensa boliviana, ya habría causado pérdidas de unos 40 millones de dólares en el país vecino.

La violencia ha ido creciendo con el paso de los días y el jueves llegó a su punto más álgido, con grupos de manifestantes agrediendo a latigazos a las personas que no se sumaban a las protestas en las calles y atacando a los periodistas que cubren los disturbios. Varios edificios públicos han sido vandalizados, entre ellos los de la fiscalía, la superintendencia tributaria y la Contraloría General de la República, donde se robaron varios ordenadores y se destruyeron documentos, además de retener contra su voluntad a 14 trabajadores. También fueron saqueados varios negocios y oficinas privadas, entre ellas la de Telefónica del Perú.

Con las negociaciones rotas después de que la comisión enviada por el Gobierno no llegara a un acuerdo con los manifestantes tras una larga reunión en la ciudad de Juliaca (ubicada a 45 kilómetros de Puno), el dirigente Walter Anduviri, uno de los líderes del Frente de Defensa de la Recursos Naturales de la Zona Sur, ha declarado que si el Gobierno no accede a sus demandas, no permitirán que realicen elecciones en la región, que en la primera vuelta votó mayoritariamente por el nacionalista Ollanta Humala.

El Gobierno hasta el momento se ha movido con cautela para evitar un baño de sangre en la víspera de un proceso electoral decisivo. El presidente Alan García ha declarado que encuentra "un tufillo electoral clarísimo" en la protesta y que esperará hasta después de los comicios para analizar nuevamente la situación. "Lo que están buscando algunas malas personas es que haya alguna víctima, algún muerto o varios muertos, y de esa manera generar una situación electoral para el domingo 5. Vamos a tener paciencia", señaló el mandatario.

Aunque se ha autorizado el ingreso de tropas del Ejército a la zona, estas solo se han limitado a proteger las instalaciones esenciales. Las autoridades de la zona, mientras tanto, han manifestado que tienen miedo de ser ajusticiadas por la población, por lo que se mantienen al margen de las protestas. Con el paso de los días, más personas llegan a la ciudad de las zonas alejadas de la región, y se complica más la situación de varias poblaciones que han quedado aisladas por los piquetes y ya sufren escasez de alimentos.

El turismo, uno de los sectores más importantes de la economía puneña, también ha acusado el golpe, por la cancelación de viajes, que ya ha causado pérdidas de más de 20 millones de euros, según la Cámara Nacional de Turismo.

El Gobierno ha manifestado que el reclamo de la población puneña va a ser difícil de atender. El viceministro de minas, Fernando Gala, señala que es inviable cancelar las concesiones mineras y petroleras en la región, porque afectaría la seguridad jurídica en el país. ""Hemos explicado la inviabilidad de estos pedidos, les hemos dado propuestas alternativas y que en la práctica resuelven el problema, pero la posición de ellos es muy intransigente, no han cedido un centímetro en sus pretensiones", declaró el funcionario, que ha invitado a los líderes de la protesta a continuar el diálogo, pero en Lima. "En Puno y Juliaca ya no hay condiciones", concluyó.